La diputada 'popular' María Jesús Susinos ha defendido, durante su intervención en el debate de la moción de la Izquierda Plural en el Pleno del Congreso, que "el Gobierno está comprometido en la lucha contra el fraude y actúa en consecuencia", aprobando medidas desde el inicio de la legislatura e incrementando la plantilla de la Inspección de Trabajo.
Esto ha permitido cosechar "resultados muy positivos" en el sector primario, donde las 18.000 inspecciones realizadas desde principios de año han aflorado 4.100 infracciones que afectaban a 15.700 trabajadores. Con ello, se han conseguido liquidaciones a la Seguridad Social por más de 11,5 millones de euros, y se han transformado 1.700 contratos temporales fraudulentos en indefinidos.
Además, en el caso concreto del campo valenciano, sobre el que versa la moción, las campañas de control han permitido "detectar actuaciones de relevancia penal que han motivado la remisión de expedientes al Ministerio Fiscal y los juzgados de instrucción" por posibles casos de "explotación de trabajadores sometidos a condiciones infrahumanas".
HAY QUE HACER MÁS
"El Gobierno trabaja con intensidad y responsabilidad, pone todos los medios legales al alcance, aumenta los medios materiales y humanos, intenta sensibilizar a la sociedad con campañas de divulgación y ha abierto un buzón de lucha contra el fraude para denunciar conductas irregulares. El Gobierno ya está trabajando en la línea (de la moción) para erradicar cuanto antes esta lacra", ha insistido Susinos.
No obstante, dado que "queda mucho por hacer" porque ésta es "una tarea ardua y difícil", la diputada 'popular' ha solicitado al resto de grupos de la oposición "trabajar juntos con el Gobierno". "La lucha contra el fraude es responsabilidad de todos. Sólo con la implicación decidida de toda la ciudadanía y los grupos parlamentarios conseguiremos poner fin con más rapidez a un problema que amenaza seriamente nuestro Estado de Bienestar", ha concluido.
CULPA DE LAS ETT
Sin embargo, el diputado valenciano de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, considera que lo que hace el Ejecutivo no es suficiente y que hace falta ir más allá, eliminando la causa del problema que, a su juicio, son las empresas de trabajo temporal (ETT) del sector agrario.
Unas empresas que pagan "salarios de explotación" a trabajadores "preferentemente extranjeros, porque se les puede explotar mejor", y a los que descuentan "hasta el alquiler de las herramientas" que tienen que utilizar para la recolección. "El panorama es terrible", insiste el diputado, que pone como ejemplo particular el sector de los cítricos en la Comunidad Valenciana.
Además, ha recordado que son las propias ETTs las que "reconocen que no hay margen" de beneficios si cumplen el convenio lo que, unido al nivel de paro actual, lleva a una situación "generalizada de explotación" y abusos. "Existen auténticas tramas", abunda Sixto, que recuerda además que este fraude también afecta a la Seguridad Social, ya que no se declaran todas las jornadas trabajadas y, a veces, ni siquiera se da de alta al trabajador.
Por eso, cree que el elemento que "permite" esa "cadena de explotación" debe desaparecer a la vez que se fortalecen los servicios públicos de empleo, y defiende un incremento de los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo, más mecanismos administrativos y de control para evitar el fraude, controles a través de la Seguridad Social y el cruce de datos sobre toneladas facturadas y jornadas de trabajo declaradas.
MODIFICAR LA LEGISLACIÓN
Por su parte, el socialista José Luis Ábalos ha pintado un panorama muy similar al descrito por Sixto en relación con el papel de las ETT en el campo español, responsabilizando también al Gobierno de que esto sea posible porque los "abusos" se realizan "al amparo de la reforma laboral". "Se sienten impunes para explotar a los trabajadores e incumplir la legislación, a lo que contribuye la ausencia de vigilancia de la Administración", ha llegado a decir.
Por eso, ha añadido, "no sorprende que las ETT hayan crecidos como hongos" en los últimos años, algunas incluso de manera perentoria durante el tiempo que dura una campaña de recolección, lo que perjudica tanto a las empresas que cumplen con sus obligaciones como a la Seguridad Social y los trabajadores fijos-discontinuos, que no son llamados por el orden correspondiente, y temporales, que son utilizados para cubrir plazas fijas cada temporada.
En estas circunstancias, Ábalos aboga por "aplicar todos los mecanismos legales" existentes para luchar contra el fraude, implicando tanto a la Justicia como a la Policía Nacional y la Guardia Civil; así como aplicar las leyes existentes "diferenciando las ETTs que actúan bien de las que no lo hacen". Y, por último, propone una reforma de la normativa de ETTs, que data de 1994. "Aunque mejor será llevarlo a cabo cuando el PP deje el Gobierno, no sea peor el remedio que la enfermedad", ha zanjado.
Teresa Jordà (ERC) también cree que hay un "problema sistémico" que debe conducir a una reflexión de la sociedad sobre las consecuencias en forma de "miseria" que tienen los precios bajos de ciertos productos, y ha acusado también a las ETT de "contribuir a la precarización más importante de los últimos años".
Igualmente, Joan Baldoví (Compromís-Equo) cree que los trabajadores del campo están siendo "explotados sin piedad desde que las ETT pusieron sus sucias manos en el mundo de la contratación agraria", y ha afirmado que existen incluso "mafias" con las que se podría acabar "con voluntad" por parte del PP.
MEJORAR EL CONTROL
Por su parte, el portavoz de Agricultura de UPyD, Toni Cantó, coincide en la denuncia de la "precariedad" a la que "cada vez se ve sometida más población", no sólo del campo sino de otros sectores económicos. Sin embargo, no cree que la solución pase por eliminar las ETT sino por "controlarlas más", incluso aunque tampoco los diputados magenta cree en este modelo, que sería innecesario con el contrato único que ellos propugnan.
Igualmente, el nacionalista de CiU Marc Solsona comparte la "preocupación por las lamentables condiciones en que muchos trabajadores desarrollan su actividad" y por el "gravísimo perjuicio individual y social" del fraude, aunque discrepa en la atribución del origen de este fenómeno "exclusivamente" a las ETTs y agencias de colocación, que tienen un papel importante en la colaboración público-privada en el ámbito laboral.
Por eso, en lugar de apostar por la eliminación de un instrumento que puede resultar "útil" en la creación de empleo y la formación de los trabajadores, el diputado catalán aboga por "cumplir las normas, contar con medidas de control" e incrementar los recursos de los Servicios Públicos de Empleo y la Inspección.
Esta moción será votada en la sesión del Pleno del Congreso de este jueves en sus términos originales, ya que la Izquierda Plural no ha aceptado ninguna enmienda. Eso sí, se votará por puntos para tratar de concitar el mayor respaldo posible.