La portavoz 'popular' de Hacienda, Ana Madrazo, ha defendido el proyecto de ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, y ha acusado a la oposición de "recurrir a tópicos facilones, de eslogan, para rechazar todo lo que propone el PP". "Lo suyo es puro teatro", ha añadido.
"No se puede venir a contar las mismas patrañas de siempre, porque la única verdad es que hoy, gracias al Gobierno del PP, tenemos un sistema más justo, equitativo y eficaz en la lucha contra el fraude. Todo es mejorable, pero vamos avanzando en la justicia, la equidad y la progresividad del sistema tributario", ha insistido, subrayando que este proyecto de ley incluye nuevas medidas para bajar los impuestos a pymes y autónomos a costa de las grandes empresas.
La diputada cántabra también ha recordado que los impuestos "no son para el Gobierno, sino de todos y para todos, para mantener los servicios públicos fundamentales", por lo que "es evidente que lo que se persigue es recaudar más, pero no por capricho del Gobierno sino para continuar en la consolidación fiscal" y conseguir así salir de la crisis.
INSEGURIDAD JURÍDICA
La diputada de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Laia Ortiz ha criticado los "cambios constantes" y "contradictorios" que el Gobierno lleva casi dos años plantando en materia fiscal, señalando que eso genera una gran "inseguridad jurídica". Además, ve una "tomadura de pelo" que se hable de un fiscalidad verde cuando el proyecto sólo plantea gravar los gases fluorados de efecto invernadero, que la UE ya recomienda sean prohibidos. "Dejen de engañar con títulos que esconden el contenido real de las leyes", ha pedido.
A renglón seguido, ha reconocido compartir lo relativo a la eliminación de deducciones en el Impuesto de Sociedades aunque no otros cambios como los que afectan a la Sareb o a la matriculación de embarcaciones.
Por eso, ha defendido una alternativa para avanzar hacia una verdadera fiscalidad verde y hacer el sistema "más sostenible, equitativo y eficaz" así como más progresivo, que pase por incentivos a los vehículos o productos con menor impacto ambiental, por fomentar el transporte público a través de deducciones del IRPF o por un nuevo impuesto que evite la "depredación" del suelo público.
DESLEALTAD INSTITUCIONAL
El diputado de CiU Toni Picó ha rechazado la política fiscal del Gobierno, basada en "el incremento de la presión tributaria" y que se materializa de nuevo con este proyecto de ley, que tiene "una mera finalidad recaudatoria" sin tener en cuenta que en algunos casos los gravámenes son "inasumibles" para algunos sectores económicos, especialmente en el actual contexto económico y en pleno proceso de internacionalización.
"Capacidad para avanzar en fiscalidad medioambiental tenemos y mucha, pero no se hace", ha reprochado, recordando que "la política fiscal no puede exprimirse imponiendo más gravámenes generalizados al consumo, al ahorro o a la inversión, sino que debe tener también como objeto la creación de empleo y el crecimiento económico", algo que el Gobierno "no está aprovechando" pese a que existe margen para tocar impuestos como el de Sociedades. Por último, ha lamentado la "clara deslealtad institucional" con las comunidades autónomas, que se han visto perjudicadas por la "agudización" de la crisis causada por las subidas tributarias sin recibir compensación del Estado.
La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, ha explicado que su enmienda no se debe a los cambios introducidos en el sistema fiscal, que pueden compartir, sino a "las ausencias, derivadas de una óptica sobre las políticas fiscales claramente erróneas y fracasadas" al centrarse en la austeridad y los recortes. "Se mantiene un sistema fiscal que reparte de forma injusta y desigual la carga tributaria", ha lamentado, recordando que "urge acometer una profunda reforma fiscal y no plantear sólo modificaciones aisladas".
REFORMA "IMPROVISADA Y CAÓTICA"
El socialista Pedro Sánchez ha afirmado que "no hay contradicción mayor que oír a un ministro decir que se está avanzando en la recuperación económica y, luego, que se está tan bien que por eso se suben de nuevo los impuestos". Además, ha exigido al Gobierno que aclare si va a plantear una subida generalizada de impuestos a las clases medias a través de las enmiendas a este proyecto de ley para recaudar 25.000 millones de euros en los próximos años.
"Su proyecto de ley frena el crecimiento, no es justo con la mayoría y premia con regalos fiscales a colectivos ya privilegiados. Y si la subida afecta a quienes más pagan, ya luego aprobarán una amnistía fiscal", ha acusado el diputado, apuntando que algunos cambios como el de las exenciones en plusvalías vienen "con nombre y apellidos: el de Adelson, Eurovegas, Comunidad de Madrid".
Finalmente, ha reclamado una "reforma profunda" que ataje los problemas de "inestabilidad en la recaudación, insuficiencia de ingresos y la injusticia por la falta de progresividad del sistema", y también que conlleve una verdadera fiscalidad verde, alertando que el nuevo impuesto sobre gases fluorados puede llevar a la industria a usar otros productos más perjudiciales.
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reconocido que su grupo comparte algunos objetivos y medidas del proyecto de ley, pero no "la forma improvisada, caótica y a golpe de urgencia recaudatoria" para cumplir el déficit con que se adoptan, y que crea "inseguridad jurídica". "Compartimos la necesidad de una reforma fiscal verde, pero nos traen sólo una medida concreta de poco calado y no lo esencial, que es reorientar los impuestos existentes según esa filosofía", ha dicho.
Además, se ha preguntado cómo casa el discurso del Gobierno de que ya se ha alcanzado el equilibrio presupuestario y que España es ejemplo en el ajuste de sus cuentas con este proyecto de ley. "A no ser que prevean un crecimiento tan fuerte que están intentando que la economía no se recaliente", ha ironizado. Por último, ha rechazado que se deje "una puerta abierta a la arbitrariedad y el abuso" en los ayuntamientos con las nuevas exenciones en impuestos municipales.