La diputada 'popular' Concha Bravo ha explicado en el Pleno del Congreso la postura de su grupo con respecto a esta propuesta, presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y que pasa por recoger en la normativa laboral el acuerdo alcanzado por patronal y sindicatos el pasado 23 de mayo para ampliar el periodo transitorio de la ultraactividad más allá del 7 de julio, y para instar a las partes a recurrir al arbitraje si encallan las negociaciones.
Según Bravo, la reforma laboral permite "equilibrar" la flexibilidad que necesitan las empresas y la seguridad en los derechos de los trabajadores, algo que la "ultraactividad ilimitada" que existía hasta hace un año no garantizaba. "Con la reforma laboral se evita la actual petrificación de los convenios colectivos, y la caducidad a partir del año desde la denuncia no comporta necesariamente un vacío regulatorio" ya que al decaer un convenio entra en vigor el de más nivel o el Estatuto de los Trabajadores, ha añadido.
Además, la diputada del PP ha argumentado que el acuerdo entre los agentes sociales revela su "compromiso con la búsqueda permanente de consensos" y que prolongar el periodo de transición sería "un completo contrasentido" ya que conllevaría que, "tras una compleja regulación sobre decaimiento de convenios se llegaría a la misma situación que bajo las normas precedentes".
"Llegado el momento, el 8 de julio, habrá convenios que dejarán de estar vigentes sin que debamos pensar en su degradación, contractualización o prórroga extralegal. Por eso, más que pensar en cómo bordear la exigencia de la negociación que impone la caducidad de la ultraactividad, desde el PP y el Gobierno apoyaremos la puesta en marcha del acuerdo. Sólo así estaremos en la línea de gestionar eficazmente la salida de la crisis", ha zanjado.
FAVORECERÁ EL 'DUMPING' SOCIAL
Sin embargo, el portavoz de IU-ICV en la materia, Joan Coscubiela, ha acusado a la reforma laboral de "legalizar" el "chantaje negociador" de los empresarios al "atar las manos" a los representantes de los trabajadores. "Han roto el espacio de solidaridad de los convenios sectoriales, propiciando así estrategias de 'dumping' laboral y social en las empresas más precarizadoras", ha añadido.
Tras recordar que más de 2,1 millones de trabajadores podrían quedar desamparados si decaen los 1.408 convenios actualmente en negociación, el diputado catalán ha alertado de que el resultado de la medida será "la ley de la selva" porque la patronal podrá aplicar "la estrategia del bloqueo de la negociación sabiendo que, si la llevan al límite, podrán someter a los trabajadores al salario mínimo".
"Han devuelto la legislación del trabajo al siglo XIX. En este momento da más garantías un contrato civil protegido por el Código civil que un convenio colectivo", ha añadido, justificando su propuesta en que el acuerdo de los agentes sociales "no tiene eficacia general" por lo que es necesario "ganar tiempo para reformar la reforma". "La negociación colectiva no puede momificarse, pero tampoco puede acabar en el vacío", ha concluido.
ENMIENDA DE TOTALIDAD DE LOS AGENTES SOCIALES
La portavoz de Empleo socialista, Concha Gutiérrez, ve necesaria esta proposición ante los "problemas" creados por la reforma laboral, que ha generado un "vacío de derechos" para los trabajadores y una "gran inseguridad personal y jurídica". Además, ha recordado a los 'populares' que los propios agentes sociales, al firmar un acuerdo en este sentido, han "firmado una enmienda de totalidad a la reforma laboral" y han dado "una lección a sus ideólogos por su desconocimiento profundo del funcionamiento de la economía real".
"A las empresas les interesa la fortaleza de la negociación colectiva y el acuerdo, entre otras cosas porque evita la competencia desleal", ha dicho, presentando además una enmienda de adición para instar al Gobierno a que, junto a lo pedido por IU-ICV, "dé eficacia general" al acuerdo de sindicatos y patronal. "Hoy lo urgente es reparar el gran agujero creado en la negociación colectiva por la reforma laboral", ha zanjado.
El portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, ha comenzado afirmando que la reforma laboral "vulnera profundamente el principio esencial del derecho a la libertad sindical consagrado en la Constitución" al permitir y favorecer los "descuelgues en cascada y a peor" de los salarios y del resto de condiciones laborales. "Y por si fuera poco, nos encontramos con el fin de la ultraactividad", ha dicho, advirtiendo que podría provocar que todos los trabajadores afectados se vieran sometidos al Salario Mínimo desde el día 8.
Joan Tardá (ERC) ha calificado de "terrorismo laboral" la reforma del Ejecutivo 'popular', y ha avisado que el fin del periodo transitorio es "la gran oportunidad de los empresarios más irresponsables" que pretenden mantener sus beneficios mediante una "bajada de los costes de los trabajadores y no buscando el incremento de la productividad". Por ello, apoyarán todas las iniciativas que pretendan, "al menos", recuperar el marco normativo anterior a la reforma.
Olaia Fernández Davila, del BNG, también apoya la propuesta y cree que el acuerdo de los agentes sociales "deja en evidencia uno de los grandes errores de la reforma laboral". "Si hay posibilidad de llegar a acuerdos mediante la negociación no debe ser obligatorio ir a un laudo", ha añadido.
NO HAY QUE VOLVER A LA SITUACIÓN DE PARTIDA
Álvaro Anchuelo, de UPyD, también cree que la reforma laboral "desequilibra gravemente" la relación entre trabajadores y empresarios, al permitir a estos últimos "tomar decisiones unilaterales en cuestiones básicas". Sin embargo, rechaza que la solución sea volver a la situación pre reforma laboral, cuando "la negociación colectiva se caracterizaba por la rigidez" por una ultraactividad que dejaba sin incentivos para negociar a una parte de los empleados, "perpetuando situaciones desfasadas".
Por ello, UPyD apoyará el punto relativo al arbitraje y la mediación, pero no el que pide prorrogar el periodo transitorio, una medida que "sólo provocaría llegar a esa nueva fecha igual que ahora". La Izquierda Plural ha aceptado votar por separado los dos puntos para garantizarse el apoyo de la formación magenta, si bien esta decisión les impide aceptar la enmienda socialista que, no obstante, comparten, tal y como ha explicado Coscubiela.
Finalmente, Carles Campuzano, de CiU, ha anunciado la abstención de su grupo, que votó junto con los 'populares' la reforma laboral, argumentando que estas medidas "no deben incorporarse a la reforma" porque hay que tener "confianza en los agentes sociales y no imponer por ley". "Tengamos confianza en los agentes sociales", ha instado al resto de grupos.