El Consejo de Ministros aprobó en octubre la remisión a las Cortes del citado proyecto, un texto que a juicio del Ejecutivo introducirá en España "importantes reformas legislativas" en materia de protección de los derechos de los consumidores, ampliándolos y salvaguardando a los ciudadanos de prácticas abusivas.
La portavoz de Consumo del PSOE en el Congreso, Pilar Grande, considera que esta futura normativa es una de las "escasas iniciativas" del Gobierno en materia de protección de los consumidores y usuarios, a pesar de ser una materia de obligado cumplimiento, al haber una transposición de la Directiva 2011/83 UE.
"El problema es que, a pesar de que abre el principal texto normativo de protección de los consumidores y usuarios, el Gobierno no aprovecha la ocasión para regular elementos importantes para la defensa de los consumidores y usuarios", denuncia la parlamentaria canaria.
Por ejemplo, apunta a los mecanismos de reclamación, tanto individuales como colectivos, al resarcimiento de los daños ante las prácticas abusivas.
Igualmente, critica que el texto presentado por el Ejecutivo no presente mejoras en los servicios de atención al cliente, ni la protección frente al acoso comercial telefónico, o la articulación de procedimientos extrajudiciales frente al sobre endeudamiento.
A su juicio, se trata de aspectos que ayudarían a avanzar en las "necesarias reformas" para la protección de los consumidores y usuarios de España, como se está reclamando tanto desde los partidos políticos, como desde las organizaciones sociales, juristas y las principales asociaciones de consumidores y usuarios de España.