Así lo han explicado en rueda de prensa los portavoces socialistas en la Cámara Alta de Empleo, Francisco Martínez-Aldama, y de Seguridad Social, Pedro Antonio Ruiz, que rechazan "totalmente" la reforma de las pensiones planteada por el Ejecutivo, que desde el próximo año acaba con el sistema de revalorización basado en la inflación y lo sustituye por un nuevo índice que tiene en cuenta también los ingresos y gastos del sistema, con un suelo de incremento del 0,25% y un techo del IPC más 0,25%.
Además, también introduce a partir de 2019 un nuevo factor de sostenibilidad para vincular la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en el momento de entrar en el sistema. Dos modificaciones con las que los socialistas no están de acuerdo, por lo que exigen que se retiren y que se vuelva a la Ley 27/2011, pactada por el anterior Gobierno del PSOE con los agentes sociales y que entró en vigor el pasado 1 de enero.
En dicha reforma, además de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, también se adoptaron otras modificaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, incluyendo la definición de un factor de sostenibilidad en el año 2027 para que se pusiera en marcha a partir de 2032, cuando se espera que las cohortes del 'baby boom' se jubilen y la Seguridad Social tenga que afrontar sus mayores tensiones.
CUESTIÓN DE FORMAS
Así, el rechazo del principal partido de la oposición se debe tanto a las formas como al fondo del proyecto de ley. Martínez-Aldama ha criticado, por una parte, que ningún miembro del Gobierno haya explicado una ley tan "trascendental" como ésta en la Cámara Alta, lo que a su entender supone una "falta de respeto".
"La ausencia del Gobierno es totalmente rechazable", ha dicho, recordando que el pasado mes de septiembre el Grupo Socialista pidió la comparecencia urgente de la titular de Empleo, Fátima Báñez, en Comisión y aún no se ha producido.
Igualmente, el portavoz de Empleo critica la "falta de respeto que supone la premura en la tramitación", ya que la normativa llegó la semana pasada del Congreso, esta medianoche concluye el plazo de presentación de enmiendas y ya el lunes por la tarde está convocada la comisión parlamentaria para emitir dictamen, saltándose incluso el trámite de ponencia. De este modo, en la semana del 9 de diciembre el Pleno del Senado debatirá el texto para que pueda ser aprobado definitivamente en el Congreso antes de que concluya el año.
"El PP no se ha dignado ni a convocar ponencia. Hablan de buscar acuerdos y consensos, pero con la otra mano imponen su rodillo para que nadie pueda llegar a acuerdos en algo tan importante", ha insistido el senador Martínez-Aldama, que asegura que en la sesión plenaria se producirá alguna escenificación de este malestar que existe, según él, en toda la oposición por este asunto y que hará patente que "el PP está solo".
PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO
En cuanto al rechazo del fondo del proyecto de ley, los argumentos son los mismos que ya han manifestado sus compañeros socialistas en la Cámara Baja: esta reforma supondrá "un recorte mayúsculo de las pensiones tanto presentes como futuras" ya que con la aplicación del nuevo índice de revalorización se producirá una "pérdida de poder adquisitivo año tras año" y el factor de sostenibilidad impondrá "más dificultades para acceder a una pensión que además será de menor cuantía que las actuales".
"El Gobierno hace trampas, no cuenta la verdad. Ésta es una mentira más del presidente Mariano Rajoy y del PP. En noviembre de 2011, en plena campaña electoral, Rajoy dijo que metería tijera a todo salvo a la sanidad, la educación y las pensiones. Lo único cierto es la primera parte de esa frase, porque ha recortado en todo", ha insistido el senador.
De hecho, el "recorte" está cifrado en 33.000 millones de euros entre 2014 y 2022, cifra que el propio Gobierno reconoce que se ahorrará con el cambio normativo "si la inflación es del 1%". "Pero si la inflación es del 2%, como pronostica el Banco Central Europeo (BCE), el recorte será de 66.000 millones, y si es similar a la inflación media desde que España está en la Eurozona, cerca del 3%, será de 100.000 millones", ha advertido Martínez-Aldama.
"Rajoy y el PP se convierten con esta decisión en el enemigo público número uno de todos los pensionistas, porque mete la mano en el bolsillo de los españoles para sacar al menos 33.000 millones que no son suyos. No contento con subir impuestos, quitar la dependencia y hacer pagar los medicamentos, ahora les expolia. Y no parece justo quitarles esa cantidad y, a la vez, darle a la banca 37.000 millones que no devolverán y que tendremos que pagar todos", ha apostillado.
Finalmente, el senador ha acusado a los 'populares' de esconder una intención "muy sencilla" tras esta reforma, como es "favorecer los planes de pensiones privados", como también está planteando con "nuevas rebajas fiscales". "Es inadmisible, las ventajas fiscales en planes privados nos cuestan al año 2.000 millones de euros y favorecen a las rentas más altas", ha recriminado.
ES UNA CONTRARREFORMA
En el mismo sentido, el senador Pedro Antonio Ruiz ha insistido también en su "oposición frontal a este atraco a los pensionistas presentes y futuros" que supondrá "alterar la vida de millones de hogares" que actualmente viven gracias a las asignaciones de los jubilados.
Y también él vincula esta "contrarreforma" con el "apoyo a la banca" y con el compromiso del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea (CE) y la canciller alemana, Angela Merkel, de reducir el déficit público hasta 2016 en 36.000 millones adicionales. "Parece que ese compromiso lo tendrán que pagar los pensionistas", ha dicho.
Además, ha advertido de que la propuesta del Gobierno supone aplicar unos factores "muy complejos" que darán un "resultado muy sencillo" como es la pérdida de poder adquisitivo, pero que además conllevarán la "eliminación del sistema de reparto público que ha funcionado durante muchos años".
Por ello, ha pedido a los 'populares' que vuelvan al Pacto de Toledo y a la reforma 27/2011 y les ha recordado que están poniendo incluso en riesgo el cumplimiento del mandato constitucional de que los poderes públicos deben garantizar la suficiencia de las pensiones.