La iniciativa, que se presenta a instancias de los sindicatos UGT y CC.OO., alerta de la situación del personal de empresas públicas como Navantia, Hunosa o Enresa, donde la política de congelación de las promociones internas y de no reposición de bajas está causando una "preocupante descapitalización" además de un "preocupante envejecimiento" de las plantillas.
Esto, sumado a las congelaciones salariales, puede acabar "comprometiendo la capacidad de acceder a oportunidades de negocio" por parte de las sociedades mercantiles públicas, que compiten en su mayoría en mercados liberalizados y muy competitivos.
Además, las formaciones firmantes y las plataformas sindicales señalan en su iniciativa, que recoge Europa Press, que la "ralentización y, en algunos casos, paralización" de las inversiones también está afectando a la competitividad de las empresas, lo que en el medio y largo plazo podría incluso comprometer la "propia viabilidad futura y supervivencia" de algunas de ellas.
EMPRESAS ESTRATÉGICAS.
"Estas empresas públicas son estratégicas para el país y son de vital importancia en sus respectivas zonas de enclave", se subraya en la iniciativa, que también alerta del "creciente malestar socio-laboral" y el "aumento de la conflictividad laboral" que está causando la falta de respeto hacia los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva con las empresas.
Por todo ello, las tres formaciones políticas reclaman en el Congreso que se garantice la "estabilidad y eficiencia" de las empresas SEPI reforzando sus estructuras organizativas, mejorando su gestión y tomando decisiones estratégicas en materia de inversiones, competitividad tecnológica, tamaño de la plantilla o condiciones laborales para "garantizar su continuidad".
Además, reclaman al Gobierno que potencie el papel que juegan estas sociedades mercantiles, que restituya su seguridad jurídica en la aplicación de la normativa del sector público y que facilite el "ineludible relevo generacional" sin disminuir el número de empleados y evitando la "fuerte descualificación" o la bajada de salarios.
La proposición no de ley, que se debatirá en el Pleno del Congreso, también plantea la necesidad de velar por la seguridad y prevención de riesgos laborales en este ámbito, poner en marcha la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva en las Empresas públicas para "evitar la actual indefensión y merma de garantías jurídicas generadas en la parte social" y habilitar a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda a usar criterios de actuación "más racionales".
SATISFACCIÓN SINDICAL.
Tras registrarse la iniciativa en la Cámara Baja, tanto UGT como CC.OO. han emitido sendos comunicados congratulándose del acuerdo que se ha alcanzado sobre el texto, al que le gustaría que se hubieran sumado más fuerzas políticas.
Así, UGT subraya que desde que el PP llegó al Gobierno ha aplicado unas políticas que "menoscaban el potencial de las empresas industriales públicas", que tan importantes son para el sector, por lo que se congratula de una iniciativa que pretende "potenciar el sector y garantizar su estabilidad y competencia".
Por su parte, CC.OO. considera que la "austeridad y los recortes" de los 'populares' ha "puesto en serio peligro la competitividad y la viabilidad" de las empresas SEPI que "deben pilotar la recuperación económica". Por eso, el sindicato quiere que el Gobierno, que "presume de defender la industria" apoye a estas empresas "no sólo con palabras sino con hechos" cambiando su "errática política".