El pasado 24 de enero, el Grupo Parlamentario Popular registró una proposición para modificar la Ley Antidesahucios, de mayo de 2013, con el objetivo de determinar cuándo no se ha informado suficientemente al consumidor sobre las cláusulas techo y/o suelo y, por tanto, se pueden declarar nulas sin necesidad de acudir a los tribunales.
En concreto, se proponía introducir un artículo para que los titulares de hipotecas que no hubieran aceptado "específicamente con una expresión manuscrita" la inclusión de cláusulas suelo y/o techo en su contrato pudieran reclamar a la entidad financiera su eliminación, dejando de ser operativas "desde ese mismo momento" pero sin carácter retroactivo.
"INEFICIENTE REPARTO DE LOS RIESGOS"
Los 'populares' alegaban en su texto, que recoge Europa Press, que la concesión de préstamos hipotecarios en los últimos años se ha producido con un "ineficiente reparto de los riesgos de variación de los tipos de interés" por culpa de la "posición dominante" de los bancos, que habían "acabado imponiendo" determinadas cláusulas.
En un contexto de contracción del crédito y de falta de liquidez, esta "asimetría" en la negociación de las hipotecas había llevado a muchos ciudadanos a "verse obligados a adherirse al contrato aun cuando alguna de sus cláusulas pudiera considerarse abusiva".
Esta situación, y la falta de información adecuada, fue rechazada tanto por el Tribunal de Justicia de la UE como por el Tribunal Supremo, si bien para determinar si hubo o no falta de transparencia hace falta un pronunciamiento judicial de cada caso concreto.
Así, las medidas introducidas con la Ley Antidesahucios --permitir el recurso de oposición alegando cláusulas abusivas y exigir una firma manuscrita de que se comprenden las cláusulas suelo y techo-- no evitaban, sin embargo, que los casos existentes antes de aprobarse la normativa tuvieran que recurrir a los tribunales, lo que el PP pretendía solucionar con su proposición de ley.
CONOCER LAS "VERDADERAS RAZONES DEL ARREPENTIMIENTO"
Sin embargo, pocos días después de registrarse la proposición de ley en el Congreso el Grupo Popular la ha retirado, asegura Hurtado, que se pregunta el por qué de esta decisión y quiere saber las "verdaderas razones del arrepentimiento del PP para dar marcha atrás en un asunto de gran trascendencia para 3,2 millones de familias", según explica en una nota de prensa.
A juicio del diputado andaluz, el Ejecutivo ha dado marcha atrás para no generar un "agujero" en las cuentas de las entidades financieras, aunque el PP "la ha retirado sin dar ningún tipo de explicaciones ni argumento alguno".
"¿Por qué el PP abordaba ahora el problema? ¿Por qué con tanto retraso cuando hasta ahora se habían negado y las consideraban legales? ¿Por qué en vísperas de convocatorias electorales? ¿Por qué se han arrepentido a última hora? ¿Y qué piensa hacer el Gobierno?", se pregunta el responsable socialista.
LLEGA TARDE
Hurtado tampoco está satisfecho con el texto que en un principio iba a debatir el Pleno del Congreso a propuesta del PP, ya que la regulación propuesta "sólo" permitiría atender "en parte" las demandas de los afectados, al no permitir el carácter retroactivo de la eliminación y, por tanto, no garantizar la devolución del dinero a los titulares de la hipoteca.
"Algunas sentencias (judiciales) están aplicando la eliminación de las cláusulas, bien desde el fallo del TS de 9 de mayo del 2013 o bien desde la fecha de solicitud de su eliminación por parte del cliente. En todos los casos, las sentencias tienen una aplicación de retroactividad que la proposición de ley no contemplaba", lamenta.
El diputado critica asimismo que el PP haya decidido actuar ante esta "injusticia" demasiado "tarde", en "fechas próximas a múltiples convocatorias electorales" y tras haberse "negado a las múltiples iniciativas socialistas" sobre esta materia.
DEVOLVER EL DINERO A LOS AFECTADOS
La última, el pasado 18 de noviembre, cuando el partido que da sustento al Gobierno votó en contra de una proposición de ley socialista para regular claramente las cláusulas suelo y la información que deben recibir los ciudadanos, incluyendo la posibilidad de aplicar las nuevas exigencias a los contratos preexistentes y de devolver a los ciudadanos las cantidades abonadas de más en sus hipotecas.
Entonces, los 'populares' argumentaron que esa medida incrementaría los costes de los créditos hipotecarios para todos los ciudadanos, y que lo importante no era tanto prohibir ese tipo de cláusulas sino que los consumidores estén informados "adecuadamente" sobre las consecuencias de su aplicación.
No obstante, en abril de 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero aún dirigía el Gobierno, socialistas y 'populares' sumaron fuerzas contra una enmienda de IU-ICV y ERC que pretendía incluir las 'cláusulas suelo' en el listado de cláusulas abusivas, de modo que fueran prohibidas.