Según publica hoy el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro hizo esa solicitud en una reunión ampliada del Consejo de Ministros, celebrada los pasados 28 y 29 de enero y de la que no se había informado hasta ahora.
El presidente cubano destacó que la mayor aportación que se puede hacer a la economía del país en el momento actual es eliminar el derroche, sin que ello signifique dejar de prestar servicios sino hacerlos más eficientes y con más calidad.
En esa reunión, el Consejo de Ministros evaluó varios asuntos como un informe sobre "hechos delictivos contra el patrimonio estatal" y convino en la necesidad de "ser más severos en la aplicación de sanciones penales y administrativas".
También convocó a las autoridades nacionales a mantener "los pies y el oído pegados a la tierra", según Granma, en alusión a la necesidad de escuchar las opiniones de la población sobre las decisiones que se están poniendo en marcha, pues "son cosas nuevas" y requieren de la "máxima atención".
El Gobierno de Raúl Castro ha emprendido un plan de ajustes para "actualizar el modelo económico socialista" a fin de superar la crisis que arrastra la isla desde hace décadas.
Las medidas más importantes consisten en la ampliación del trabajo privado, la supresión de medio millón de empleos en el sector estatal este año, la eliminación de subsidios "innecesarios", la aplicación de un nuevo régimen tributario y la flexibilización del mercado inmobiliario, entre otros.
Esas reformas económicas deberán ser ratificadas en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, que se celebrará a mediados del próximo abril.
Según Granma, otros de los temas analizados en la cita gubernamental de la semana pasada fue el proceso inversionista en el país, afectado por problemas de "improvisación" ya que no siempre se realizan estudios de viabilidad, se incumplen los contratos y se llega incluso a aprobar el inicio de una inversión sin definir qué empresa constructora la ejecutará.
En esa reunión ampliada del Consejo de Ministros cubano participaron como invitados los miembros del Consejo de Estado, del buró político y secretariado del Partido Comunista, responsables de las juventudes comunistas y de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), así como el presidente del Tribunal Supremo Popular y el fiscal general de la República, entre otros.