"Esta reforma no genera empleo por sí sola ", declaraba el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en las fechas previas a su primera aprobación en el Parlamento. Lo que el titular del ramo quería decir es que no existe una relación directa entre la ley y la creación de puestos de trabajo a corto plazo, pero que podía "crear las condiciones" para que, cuando la economía se recuperara, fuera más fácil incorporar a más trabajadores al ciclo productivo, reduciendo el altísimo nivel de desempleo. Incluso los expertos más favorables a esta norma se han manifestado de modo similar.
Los sindicatos, en pie de guerra
Un consuelo que no lo ha sido en absoluto para los sindicatos, que se han visto privados de influencia en las empresas y denuncian la ostensible reducción del coste del despido: el despido improcedente de trabajadores indefinidos desciende desde los 45 días por año trabajado a 31 días; además, la nueva ley amplía las posibilidades para que los despidos puedan ser considerados objetivos o procedentes, como por ejemplo el hecho de que la empresa haya previsto una pérdida de beneficios o un empeoramiento de sus condiciones en un horizonte futuro.
A la reducción directa del coste del despido se suma la indirecta: el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) subvencionará con ocho días todos los despidos que tengan lugar, incluidos los improcedentes. Este concurso de un organismo público en la rescisión de contratos no reduce directamente la protección del trabajador ante su eventual expulsión de la empresa, pero sí introduce un matiz de mayor desigualdad de poder dentro de las empresas, como critican algunos expertos en Derecho del Trabajo que, además, afirman no comprender cómo las autoridades públicas pueden subvencionar una acción "ilegal" como es el despido improcedente.
Otros aspectos que no convencen
Junto al coste del despido, piedra angular de esta reforma, hay otros factores que despiertan pocas simpatías entre los sindicatos, pero también por parte de otros partidos políticos y de la opinión pública. Entre ellas, la escasa acción contra la contratación temporal; de hecho, la actual reforma prolonga un año más -hasta los tres- el período de tiempo durante el cual se puede estar trabajando con un contrato por obra y servicio sin pasar a estar contratado de manera indefinida. Además, se amplían las funciones de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que jugarán un papel importante en las Administraciones Públicas.
Por estas y por otras razones, se trata de una reforma que no gusta a casi nadie, y que los partidos nacionalistas conservadores como CiU y PNV han apoyado con más entusiasmo que el propio Partido Popular. Mientras que CiU parece sentirse cómodo con el texto -a pesar de su abstención-, el Partido Popular dejó claro en el primer trámite en el Congreso que la reforma laboral "no es la reforma que necesita España. Está más centrada en el despido que en crear empleo", según afirmaba la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría. A pesar de ello, el PP se abstuvo en la tramitación parlamentaria de la norma, algo que suponía una novedad con respecto a las continuas negativas al acuerdo que la formación conservadora lleva esgrimiendo desde el inicio de la legislatura.
Subsidios de desempleo, antiguo INEM...
Desde el punto de vista de los pequeños partidos de izquierda y los sindicatos, la tramitación en las dos cámaras no ha hecho sino endurecer la que califican como la "reforma más restrictiva de la democracia". En efecto, el paso por Congreso y por el Senado ha introducido matices en una normativa que inicialmente quería contar con el acuerdo de los actores sociales. Destaca en este sentido la reducción del plazo de 100 a 30 días del período de tiempo que tienen los desempleados para rechazar cursos de formación sin ser sancionados con la pérdida del subsidio de desempleo.
Hay que destacar, además, que el mundo empresarial no parece excesivamente satisfecho con la reforma. Para este sector, no se ha "despolitizado" la negociación colectiva, conservándose la influencia de los sindicatos, a los que los más afines a la patronal culpan del elevado desempleo juvenil. Queda el papel del antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM), que registra solo un 3% de las contrataciones anuales, y que tendrá que ser objeto en el futuro de una profunda reforma, en una dirección o en otra.
El papel de la crisis financiera
Lo que, por otro lado, queda más o menos claro son las condiciones bajo las cuales esta nueva norma va a entrar en vigor: el pánico financiero desatado en la Zona Euro a raíz de la crisis financiera griega ha llevado al Gobierno a acometer reformas económicas y sociales que suponen un debilitamiento de los salarios y del mundo del trabajo, con el objetivo de restaurar la credibilidad de los mercados financieros y de los inversores internacionales.
De ahí que al Gobierno se le haya acusado de actuar al dictado de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) -que ha dado el visto bueno a estas reformas-, de estar "intervenido" por la Unión Europea o bien de dar estos pasos por obligación. Unos cambios con los que los propios gobernantes no se sienten demasiado cómodos y que pueden contribuir claramente a una futura derrota electoral socialista. El PSOE se juega mucho con esta norma, pero los hay más preocupados con sus repercusiones. Para bien o para mal, la ley quedará aprobada en pocas horas.