El experimento finlandés ha permitido que en 2017 y 2018 un grupo de 2.000 ciudadanos de este país elegidos mediante un muestreo aleatorio entre los desempleados hayan cobrado la cantidad de 560 euros al mes libres de impuestos con independencia de si contaban con otras vías de ingresos.
Tras agotarse los fondos sobre los que se sustentaba el programa, el Estado decidió no renovarlo. Ahora hemos conocido sus principales conclusiones y estas han sido sorprendentes: el experimento no ha servido para impulsar el empleo entre sus beneficiarios, según ha reconocido el Gobierno finlandés aunque sí se registró un efecto positivo en la calidad de vida de los participantes, así como en su confianza de cara a sus expectativas de futuro.
Juan Ramón Rallo, es uno de los más destacados economistas que han desarrollado toda una argumentación contraria a la Renta Básica que ha plasmado en una amplia bibliografía. Miembro del Instituto Juan de Mariana, Rallo reconoce que a pesar de todas estás implementaciones, aún “falta mucha evidencia empírica porque los experimentos suelen ser temporales con lo que no son una Renta Básica al uso”. A pesar de ello señala que en Finlandia “no se ha encontrado menor tendencia a buscar empleo (entre los beneficiarios) que entre los parados que la han recibido”.
Rallo matiza esta afirmación al asegurar que “estamos hablando de un ingreso solo de dos años” y que “en otros experimentos que se han hecho con toda la población y durante algún periodo más largo de tiempo si se percibe un efecto de reducción de empleo”.
Precisamente esta es una de las críticas nucleares a la Renta Básica y que viene a asegurar que cuanto más alta sea la remuneración pública menos necesidad tendrá el beneficiario de la misma de buscar empleo con lo que caería la productividad. Rallo señala por ello que "una prestación de 10 euros al mes pues sí se podría implantar, pero una de entorno a los 600 u 800 euros es completamente infinanciable además de indeseable”.
Frente a Rallo, otro economista como Juan Torres López, autor del libro 'La renta básica: ¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene?', cree que este tipo de asignación pública “tiene muchas ventajas e inconvenientes pero quizás la menos importante es la forma de financiarla” y apunta hacia la necesidad de determinar previamente “si realmente es una medida adecuada o no para lograr los objetivos que se proponen”.
El sueño de una Renta Básica Universal ha volado en España como el mítico Ícaro lo hacía hacia el sol hasta fracasar con su proximidad al calor del poder. Podemos lo llevó en su programa electoral para las Elecciones Europeas de 2015 en las que irrumpió de forma abrumadora en las instituciones. Pero más allá de aquella explosión, la propuesta ha desaparecido o languidecido en programas autonómicos en los que se asimila más al concepto de Renta Mínima.
De forma general, la renta básica se define como una renta pagada por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, independientemente de su situación económica o de su predisposición a trabajar, en palabras del filósofo y economista belga Philippe van Parijs. Mientras que la renta mínima de inserción (RMI) es una ayuda pública para personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para atender sus necesidades más básicas y que por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo de pobreza.
Es decir, la renta básica sirve como una herramienta de protección social en forma de subsidio incondicional y garantizada por el mero hecho de ser ciudadano, rasgo que difiere del objetivo de la renta inserción, centrada en evitar la exclusión social.
Daniel Raventós, economista de la Universidad de Barcelona y presidente de Red Renta Básica explica en la web de esta asociación y que ha recogido Europa Press, que este pago público “no es un techo mínimo, sino un nivel básico a partir del cual se puede acumular otro ingreso" porque “permite eludir las trampas de la pobreza y el paro, ya que es compatible con cualquier otra percepción de renta”.
Señala también Raventós que "permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado como es la RMI. Lo que debe garantizar toda sociedad es el 'primer derecho', el de la existencia. Simplemente por el hecho de pertenecer a la ciudadanía (o de disponer de residencia acreditada), sin razones adicionales", añade Raventós.
Por ello las propuestas de los partidos políticos están más cerca del concepto de Renta Mínima que de Renta Básica. Un ejemplo de ello es que las cuatro formaciones mayoritarias en el parlamento español han intentado aproximarse a esta idea que vendría a beneficiar a más de dos millones de personas con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años con una residencia mínima acreditada en el país de seis meses. También se requiere ingresos inferiores al 75 por ciento del SMI, que las condiciones para su concesión se mantengan y la incompatibilidad con el cobro de cualquier otra prestación de la Seguridad Social sea esta contributiva o no.
El mayor experimento de transferencia de renta en este contexto corresponde al llevado a cabo en Irán entre (2010-2016). Se trataba junto al experimento de Alaska de una política de Estado basada en los ingentes ingresos provenientes del petróleo como señala el politólogo Alberto Tena Camporesi en un artículo en la Revista de la Universidad Complutense.
Junto a estas iniciativas o el ejemplo finlandés, otros países o regiones como Kenia, Oakland (California), Utrecht (Países Bajos), Ontario (Canadá), Livorno (Italia), Uganda o en la India han puesto en marcha experimentos más o menos alineados con el concepto de Renta Básica.
Para Juan Ramón Rallo estas transferencias de rentas “realmente no reflejan la totalidad de la Renta Básica” y apunta que “a mi juicio no reflejan los efectos negativos porque son experimentos a dos años vista y por tanto no dejan ver toda la repercusión sobre el receptor. Además para financiarla necesitas impuestos muy altos y los efectos de esos impuestos tan altos tampoco los estamos viendo porque esos experimentos son solo para grupos reducidos de ciudadanos”.
Juan Torres tampoco quiere hablar de “resultados concluyentes” y pide cierta precaución a la hora de analizarlos pues aparte de no considerarlos “universales” asegura que en cada uno de ellos, “las conclusiones son diferentes y creo que, honestamente hablando, ni se puede decir que hayan sido completamente positivas ni completamente negativas”.
Los debates entre economistas sobre las ventajas e inconvenientes de la Renta Universal son prolijos. Diferentes escuelas de pensamiento y filosofía económica han intentando poner el acento en estos dos aspectos para defenderla u oponerse a ella.
Juan Torres defiende que “los argumentos que emplean los defensores de la Renta Básica ni son improvisados ni son débiles: son muy potentes y muy bien articulados. Y también es cierto que la crítica que se hace es también muy rigurosa. Eso me lleva a concluir que es necesario un debate social muy sincero, muy honesto y muy riguroso y muy democrático”, y concluye asegurando que este tipo de iniciativas “tiene una característica: que sus ventajas e inconvenientes no dependen solo de hechos objetivos sino que tienen que ver con preferencia éticas y ahí, obviamente no se puede poner un criterio objetivo.
Por su parte, Juan Ramón Rallo no ve “ventajas” y apunta tan solo a la posibilidad de que “quizás la discrecionalidad de las administraciones públicas se puede reducir algo a la hora de asignar ayudas para que haya menos margen de error” aunque, como contrapartida señala que “si la recibe todo el mundo de manera indiscriminada estaríamos matando moscas a cañonazos”.