Así lo ha establecido el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en el auto por el que dicta la finalización de la primera parte del proceso concursal de la empresa, la denominada fase común, y abre la segunda, la fase de convenio, según informó la inmobiliaria.
Reyal ha anunciado su intención de presentar una propuesta de convenio de pago de deuda a sus acreedores dentro del plazo fijado por el juez, y "una vez que obtenga la aprobación de su consejo de administración".
En su auto, del 13 de enero, el titular del juzgado Mercantil determina asimismo el 13 de marzo como fecha máxima para que los acreedores de Reyal manifiesten si se suman al eventual convenio de acreedores que se presente.
Reyal Urbis supera así la primera parte de su proceso concursal casi dos años después de que en marzo de 2013 solicitara voluntariamente el concurso tras no poder acordar con sus bancos la que hubiera sido su cuarta reestructuración de deUda.
El concurso de la compañía que controla y preside Rafael Santamaría se situó como uno de los mayores registrados durante la crisis junto con el de Martinsa Fadesa, Nozar, Habitat o Llanera.
Además de la propia Reyal Urbis, la firma Inversiones Globales (Iveryal), a través de la que Santamaría controla el 70% del capital social de la empresa, también se encuentra en concurso de acreedores.
'AGUJERO' DE 2.500 MILLONES.
En el caso de la inmobiliaria, Santander, Sareb, la Agencia Tributaria y el ICO figuran entre los principales acreedores de la inmobiliaria.
Según una información remitida por Reyal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado mes de diciembre, la compañía adeuda 458 millones de euros a la Agencia Tributaria y a distintas comunidades autónomas y ayuntamientos.
La compañía presenta un 'agujero patrimonial' de 2.500 millones de euros, dado que cuenta con activos valorados en 1.474 millones de euros para afrontar la deuda de 3.978 millones que soporta, según los datos del informe de su administración concursal remitidos también a la CNMV.
Reyal Urbis registró una pérdida neta de 483 millones de euros en los nueve primeros meses de 2014, lo que supuso incrementar en un 35% los 'números rojos' contabilizados un año antes, afectada por las provisiones y el aumento de los gastos financieras derivado del incremento de los devengos de deuda por intereses.