Liberty International Underwriters, que opera en España desde 2007, y Torus Insurance, que no tiene presencia directa en el país, son las entidades que asumirán la fianza y los tres exconsejeros al tratarse de las firmas que aseguraron la salida a Bolsa de Bankia en 2011.
Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA) deberán por su parte afrontar el pago de los 11,3 millones restantes de fianza solidaria impuesta por la Audiencia Nacional, hasta sumar un importe total de 34 millones.
Las mismas fuentes indicaron a Europa Press que aunque Rodrigo Rato y los tres exmiembros de la cúpula de la entidad tienen la opción de activar la póliza del seguro para responder a la fianza, aún no está claro si ejercerán esta prerrogativa.
El pasado 24 de abril, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió rebajar por unanimidad de 800 a 34 millones de euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta por el juez Fernando Andreu a Bankia, su matriz, el Banco Financiera y de Ahorros (BFA), y cuatro antiguos miembros de su cúpula, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa del grupo financiero.
Los magistrados Alfonso Guevara, Antonio Díaz Delgado, Ángeles Barreiro, Clara Bayarri y Fermín Echarri estimaron así parcialmente los recursos interpuestos contra la caución por parte de la Fiscalía Anticorrupción, Bankia, BFA, el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el antiguo consejero delegado Francisco Verdú y el ex secretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella. Únicamente desestiman el del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por falta de legitimación.
La nueva fianza, que alcanza exactamente los 34.054.578 euros incluyendo el tercio que exige la ley, respondía a la cuantía que los peritos independientes del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras fijaron como el perjuicio que la salida a Bolsa provocó en los accionistas minoritarios que están personados en la causa.
Andreu cifró la caución de 800 millones de euros, cuya cuantía queda reducida en un 96%, teniendo en cuenta que se trataba de una tercera parte de la suma invertida por todos los accionistas minoritarios, incluidos los que no están personados en la causa, que alcanzó los 1.800 millones, y a la que debía sumarse el tercio establecido por la ley.
La Sala dio de plazo un mes para que los seis imputados aportasen de forma solidaria la nueva fianza, con el apercibimiento de que, si no prestaban dicha suma, se decretaría el embargo de los bienes hasta cubrir dicha cantidad.