El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre si Alberto Cortina y Alberto Alcocer deben indemnizar a sus socios en Urbanor por la responsabilidad civil derivada de la venta de los terrenos de Plaza Castilla a la sociedad KIO y después de que se haya agotado la vía penal.
Así se desprende de las conclusiones de la vista celebrada este martes por el Juzgado de Primera Instancia número 92 de Madrid por la demanda de reclamación civil presentada por tres antiguos socios de los empresarios en Urbanor que les reclaman 40 millones de euros de indemnización por la diferencia de precio pagada por los terrenos.
La juez concluyó que existe prejudicialidad como cosa juzgada, ya que la Audiencia Provincial de Madrid ya condenó a 'los Albertos' a pagar una indemnización de más de 10,8 millones de euros al constructor Julio San Martín y a su familia, que también eran socios de Urbanor, por los mismos hechos.
"Es necesario por interés público y para evitar resoluciones contradictorias esperar a una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo", concluyó la juez, quien rechazó así fijar una fecha para la celebración de juicio oral por esta demanda.
El Supremo podría tardar más de cinco años en resolver el recurso de casación presentado por Cortina y Alcocer contra la sentencia favorable a San Martín, según explicaron fuentes jurídicas.
De esta forma, los demandantes, el arquitecto Pedro Sentieri y los socios Luis García Alarcón y Francisco Castelló, tendrán que esperar a la decisión del Supremo para volver al Juzgado de Primera Instancia a reclamar su indemnización.
Durante la vista, los abogados de 'los Albertos', aunque en un principio pedían la celebración del juicio, finalmente se unieron a los argumentos de la juez y pidieron la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil.
"La demora va a perjudicar al señor Sentieri, pero todavía más a Cortina y Alcocer porque ellos soportan la carga social permanente del enjuciamiento" por el 'caso Urbanor', afirmó el abogado de Cortina, Mariano Zaforteza.
Los letrados de los empresarios pretenden evitar el pago de la indemnización a Sentieri y los otros dos socios alegando que el arquitecto, además de cobrar por la venta de los terrenos donde se sitúan las Torres Kio, recibió 700 millones de pesetas (4,2 millones de euros) adicionales por unos servicios como arquitecto que finalmente no realizó. Una vez haya sentencia firme del Supremo podrán volver a plantearlo ante los Juzgados de Primera Instancia.
Las dos reclamaciones civiles presentadas por los socios de 'los Albertos' tienen su origen en la sentencia penal dictada por el Tribunal Supremo por el 'caso Urbanor', que les dio vía libre para exigir el pago de las indemnizaciones por la vía civil.
La sentencia condenó a Cortina y Alcocer a tres años y cuatro meses de cárcel por estafa y falsedad documental por engañar a sus socios en los precios pagados por los terrenos de Urbanor.
Sin embargo, en febrero de 2008, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia por la que revocó la condena al considerar que el delito estaba prescrito, aceptando parcialmente el recurso de amparo presentado por los empresarios.