La sentencia, dictada el 22 de junio, declara la inconstitucionalidad y la nulidad de tres supuestos de la ley estatal que utilizaban el criterio de la supraterritorialidad para atribuir al Servicio Público de Empleo Español (SPPE) la realización de las funciones ejecutivas referentes a la autorización y control de las entidades que se dedicana la FP.
En los tres supuestos de supraterritorialidad, el TC ha considerado que se vulnera el orden constitucional y estatutario de la distribución de competencias en la materia, ya que la actuación ejecutiva está "notablemente reglada" por la normativa estatal, de manera que la competencia es exclusiva de la Generalitat y no queda justificada su reserva al SPPE.