El texto propone, además, eliminar los "bonus" o retribuciones adicionales de carácter variable que cobran los directivos de las cajas de ahorros que reciban ayudas públicas.
La pasada semana, el Ministerio de Economía sometió a consulta pública hasta el próximo jueves 28 de abril el proyecto que modifica el Real Decreto de recursos propios de las entidades financieras.
Con este decreto, el Gobierno quiere controlar la "guerra del pasivo" mediante el establecimiento de unos límites, que si se exceden, obligarán a las entidades a aportar más capital al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Así, según se indica, el rendimiento que pagan las entidades a quienes contraten un depósito a un plazo superior a tres meses no podrán exceder una tasa de 150 puntos sobre el euríbor a seis meses, que actualmente se encuentra en el 1,649 %.
En el caso de los depósitos a 3 meses o menos, no se podrán remunerar con más de 150 puntos básicos por encima del euríbor a 3 meses (1,349 %).
En el caso de los depósitos disponibles en cuentas a la vista, la remuneración que se abona en la liquidación periódica no puede ser superior a los 100 puntos básicos sobre el euríbor a un mes.
Además, se prevé que el Banco de España publique trimestralmente en su página web los tipos de interés antes del día 5 del mes siguiente al fin de cada trimestre, información que también aparecerá en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno también quiere que los importes que excedan los límites establecidos se ponderen en un 200 % a los efectos del cálculo de las aportaciones que las entidades hagan a sus correspondientes Fondos de Garantía de Depósitos.
Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo también incluye que los gestores de las entidades que hayan recibido ayudas públicas no reciban remuneración variable, salvo con la expresa autorización del Banco de España.
Así, los gestores de las cajas que hayan demandado ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no podrán percibir bonus.
Al respecto, la propuesta de Economía establece que cuando la remuneración variable sea incompatible con el mantenimiento de una base sólida de capital, se limitará estrictamente a un porcentaje de los ingresos netos.
Además, indica que los administradores y directivos que dirijan la actividad de la entidad no podrán percibir remuneración variable salvo que se justifique adecuadamente, y el Banco de España podrá establecer, si procede, límites a su remuneración total.
El Gobierno también establece en esta propuesta que si un empleado abandona una entidad antes de jubilase, el banco o la caja tendrá en su poder los beneficios discrecionales (los que se pagan de forma individual y que pueden ser similares a la remuneración variable) de la pensión por un periodo de cinco años.
Si la jubilación se lleva a cabo al cumplir la edad reglamentaria, sí se le abonarán al empleado en cuestión los beneficios discrecionales, pero "sujetos a un periodo de retención de cinco años".
El Ejecutivo también quiere que las entidades presenten ante el Banco de España una lista indicando las categorías de empleados cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el perfil de riesgo y que la política de remuneración sea compatible con una gestión "adecuada y eficaz".
En este sentido, la propuesta también establece que al menos una vez al año se hará una evaluación interna central e independiente de la aplicación de la política de remuneración para verificar si se cumplen las pautas y los procedimientos adoptados por el órgano de dirección.