Así lo ha informado a Europa Press uno de los afectados en Granada, Rafael Carmona, quien ha relatado que las pretensiones iniciales de cobrar se han disipado, a pesar de que hace unos meses "parecía" que varias compañías aseguradoras habían mostrado al Gobierno andaluz su interés por asumir sus pólizas.
Esta situación se produce después de que una de las empresas con las que se contrataron los seguros en Dhul, la belga Apra, entrara en quiebra propiciando que los pagos quedaran bloqueados. El problema afectaba inicialmente en Granada en 75 personas a las que se adeudaba más de 32 millones de euros, aunque algunas de estas personas han fallecido sin que se resuelva el problema o ya se han jubilado, por lo que esta cifra es menor.
En Andalucía están afectadas más de 600 personas que serán llamadas en breve a una asamblea general de afectados, convocada por los sindicatos, para estudiar medidas de presión, ya que la mayoría de ellos llevan un año sin cobrar ningún ingreso del Gobierno andaluz, que inicialmente "se comprometió con UGT a adelantar los pagos".
Según la versión de este sindicato, que lidera las negociaciones, la Junta de Andalucía acordó el desbloqueo de los impagos por las prejubilaciones de los ERE, aunque este compromiso se ha cumplido "sólo en el caso de las empresas que habían concertado los seguros correspondientes con Generallis. Sin embargo, en las empresas cuyo seguro se cerró con APRA, coinciden dos incumplimientos manifiestos de la Administración andaluza, que son los que están bloqueando los cobros a estos prejubilados".
De acuerdo a los datos de UGT, se trata por una parte de "la deuda que la Consejería de Empleo tiene con APRA" y por otro el compromiso adquirido del Gobierno andaluz con los representantes sindicales de que iba a situarse en la posición de acreedora con APRA, y adelantar los pagos a los afectados, "pagos que no se están abonando".