Tragsa y Ministerio de Agricultura trabajan en una solución definitiva para finalizar el subfluvial de Santoña

Tragsa y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, están trabajando en una solución "definitiva y de garantía" para finalizar las obras de perforación del túnel subfluvial de Santoña, paralizadas desde finales de 2016 por los problemas técnicos planteados por la UTE subcontratista, constituida por Acciona Infraestructuras y la empresa constructora Ascan, y el posterior procedimiento judicial interpuesto por ésta.

En concreto, el grupo perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha manifestado su "implicación activa" como contratista principal de las obras del colector interceptor general Santoña-Laredo-Colindres con el fin de dar una solución que permita culminar las obras de infraestructura y saneamiento integral en la Marisma del Cantábrico.

Este proyecto, según Tragsa, se encuentra paralizado debido a diversas cuestiones técnicas y jurídicas que afectan a la ejecución de los trabajos de construcción del túnel contratados a la UTE Subfluvial de Santoña, subcontratista y responsable final de dicha construcción.

La licitación realizada por Tragsa, establecida inicialmente por importe de 9,7 millones de euros, tuvo en consideración, en el momento de su adjudicación, la capacidad técnica y experiencia de gestión en este tipo de proyectos acreditada por la oferta ganadora.

De hecho, según el grupo presidido por Elvira Rodríguez, la UTE encabezada en un 70% por Acciona aportó las garantías solicitadas en los pliegos administrativos y técnicos correspondientes para llevar a cabo las obras y obtuvo finalmente la mejor puntuación en el proceso de licitación pese a que no era la oferta más barata de las que se presentaron al concurso.

En la actualidad y desde finales de 2016, la ejecución del túnel se encuentra suspendida tanto por motivos técnicos como jurídicos, quedando pendientes 1.200 metros para dar cumplimiento al contrato suscrito por la UTE con Tragsa.

En cuanto a los aspectos técnicos, Trasga ha resaltado que la UTE no ha logrado una solución que permita el necesario reemplazo de los elementos de corte que requiere la tuneladora para proseguir los trabajos de perforación en el fondo del mar, tal y como preveía el desarrollo del proyecto.

En cuanto a las razones jurídicas, la UTE interpuso una demanda en mayo de 2017 contra Tragsa, solicitando la resolución del contrato o la modificación del mismo en una cantidad económica que supera el presupuesto inicial de la obra.

CONTENCIOSO JUDICIAL.

En este sentido, Tragsa no solo se ha opuesto a la demanda de la UTE sino que, por su parte, ha solicitado en el mismo juzgado de primera instancia de Madrid la resolución del contrato y la correspondiente indemnización.

La compañía pública considera que la parada de la tuneladora que impide ahora continuar con los trabajos es una responsabilidad "única" de la UTE y de la forma en que se ha ejecutado la perforación, lo que ha imposibilitado el cambio pertinente de cuchillas, provocando en definitiva, según Tragsa, el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dada la complejidad del procedimiento judicial, Tragsa ha subrayado que está trabajando en coordinación con el departamento de Isabel García Tejerina para estudiar la viabilidad, en las condiciones actuales, de continuar con el proyecto técnico planteado y, en su caso, analizar otras alternativas que permitan culminar la actuación.

"Todo ello en estricto cumplimiento de la misión de servicio público encomendada a la empresa y con el fin de asegurar, con las necesarias garantías técnicas y de la manera más eficaz y eficiente, los objetivos previstos para la mejora de las infraestructuras de saneamiento integral de las Marismas de Santoña", ha resaltado.