El Tribunal de Cuentas fiscalizará 'motu proprio' y por primera vez la actividad tanto del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según se recoge en su Programa de Fiscalizaciones para 2014, que incluye a muchas otras entidades del sector público.
El Pleno del Tribunal aprobó el pasado 23 de diciembre el listado de entidades que serán fiscalizadas por iniciativa del propio organismo a lo largo de este ejercicio, listado que ha remitido al Congreso y al Senado, y al que ha tenido acceso Europa Press.
Así, junto a los informes que emita sobre la contratación del sector público estatal en 2012 y a los del sector público autonómico de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 --incluyendo en un apartado específico y "claramente diferenciado" los Fondos de Compensación Interterritorial--, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda se ha marcado unas metas muy ambiciosas para su trabajo de este ejercicio.
CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DEL FROB
Así, por primera vez se fiscalizarán las actuaciones del FROB, de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) y del Banco de España en el periodo 2009-2012, y también se analizará la gestión económico-financiera llevada a cabo por la CNMV durante el pasado año.
También se prestará especial atención a los pagos librados 'a justificar' por el Gobierno central, a los avales que ha concedido, a las inversiones financieras permanentes en el exterior, a las encomiendas de gestión y a la gestión del inmovilizado material, así como a todas las operaciones o áreas de gestión de los departamentos económicos que hayan sido objeto de recomendaciones en anteriores informes del Tribunal.
Los planes de contratación y las subvenciones de los diferentes ministerios también serán objeto de estudio por el organismo fiscalizador, lo mismo que las ayudas para el fomento de los recursos humanos en I+D+i o las aportaciones complementarias para el programa Erasmus en los dos últimos años.
En el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal, el Tribunal de Cuentas revisará las principales actualizaciones realizadas por la Agencia Tributaria (AEAT) entre 2010 y 2012, así como el cobro efectivo de deudas tributarias que ha conseguido en los dos últimos ejercicios. Junto con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, el Ministerio de Hacienda también aprobó en 2012 (aunque vía decreto ley) la llamada 'amnistía fiscal'.
FRAUDE LABORAL
También el fraude laboral será objeto de especial atención del departamento de Álvarez de Miranda, que se marca como objetivo fiscalizar la gestión y control por parte de la Seguridad Social de las incapacidades temporales y de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, así como saber cómo se controlaron las prestaciones que en 2013 abonó el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que actualmente acumula retrasos en el pago de sus obligaciones.
Asimismo, este año se analizará la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores con cargo a las cuotas de formación profesional, e incluso se fiscalizará la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo "en relación con el subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta".
Esta decisión se produce en plena polémica por la presunta gestión irregular por parte de UGT de fondos para la formación y el objetivo, según el documento, es fiscalizar las medidas específicas que se han tomado para "definir las necesidades objetivas de personal y concretas actividades en relación con la formación profesional para el empleo".
En una reciente entrevista con Europa Press, Álvarez de Miranda recordó que el Tribunal de Cuentas no fiscaliza directamente las cuentas de las organizaciones sindicales y empresariales porque, a diferencia de lo que ocurre con los partidos políticos, no cuenta con amparo legal para ello, pero sí puede examinar la gestión por parte de los poderes públicos de las subvenciones que acaban destinadas a los agentes sociales.
REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas centrará parte de su trabajo este ejercicio en las consecuencias que han tenido las decisiones adoptadas por el Gobierno en materia de racionalización del sector público, incluyendo por ejemplo el estudio de todos los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros en el ámbito de la reestructuración de las fundaciones desde junio de 2011, así como de la reordenación del sector público empresarial estatal no financiero en lo que va de legislatura.
El organismo también quiere conocer con mayor detalle las actuaciones que han llevado a cabo las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla en relación con los planes económico-financieros, de reequilibrio y de ajuste que se les han exigido para cumplir la Ley de Estabilidad Financiera, así como saber cómo se ha gestionado el Plan de Pago a Proveedores.
En el ámbito local, se estudiará la "efectividad" de las medidas de los ayuntamientos para conseguir cumplir sus obligaciones comerciales, los gastos ejecutados sin crédito presupuestario y la gestión recaudatoria.
Por lo demás, el Tribunal fiscalizará diferentes ejercicios de todo un elenco de universidades y otras instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Casa Árabe, Centro Sefarad-Israel, la Biblioteca Nacional, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de Cádiz, Patrimonio Nacional, los museos de El Prado, Thyssen y Reina Sofía, el Instituto Cervantes o el Teatro Real, entre otros.
Asimismo, estudiará las operaciones patrimoniales y de constitución de Aena-Aeropuertos, las relaciones económico-financieras de Renfe-Operadora con el Estado entre 2011 y 2012, las inversiones de FEVE entre 2005 y 2012, la financiación de infraestructuras ferroviarias en los últimos tres ejercicios, las obras de ampliación del puerto de El Musel (Gijón), las desinversiones y compras realizadas por la SEPI o las medidas adoptadas por RTVE entre 2006 y 2013 "para definir sus necesidades objetivas de personal".
Finalmente, la institución que dirige Álvarez de Miranda prestará especial atención también a la "adecuada" aplicación de la Ley de Dependencia, así como a las políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres, al incluir entre los objetivos la "verificación de la observancia de la normativa para la igualdad efectiva en todo aquello que, de conformidad con dicha normativa, pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras".