El Tribunal de Cuentas denuncia que la lenta reacción del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una vez convertido en accionista mayoritario de Caixa Catalunya agravó la situación de la entidad y "supuso un perjuicio para la gestión ordinaria" de la misma.
Así lo recoge en su 'Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del FROB, de los fondos de garantía de depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria' entre los años 2009 y 2012, que el Tribunal ha remitido al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.
En dicho documento, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda critica el tiempo que el FROB tardó en nombrar a todos los consejeros a los que tenía derecho en la caja catalana desde su entrada en la entidad en noviembre de 2012 retrasó la atribución a los mismos de los derechos políticos que le correspondían, lo que no sucedió hasta enero de este ejercicio.
Según el Tribunal, "el FROB no actuó con la debida diligencia en la adopción de las medidas que, como accionista mayoritario, le permitía la normativa específica de reestructuración y la general reguladora de las sociedades de capital", lo que "pudo contribuir a dificultar el cumplimiento de los objetivos de promover las soluciones y adoptar las medidas necesarias para resolver la situación en que se encontraba la entidad y velar por sus intereses".
FALTA DE CONTROL
Por otra parte, el organismo fiscalizador recuerda también que el FROB tenía el deber de comprobar que las entidades nacionalizadas no aplicaban políticas comerciales agresivas, como se les exigía. En concreto, los bancos beneficiarios de ayudas públicas no podían ofrecer rentabilidades superiores a la media de las rentabilidades más altas ofrecidas por las entidades privadas.
Sin embargo, el Fondo no recopiló la información necesaria para hacer ese seguimiento, según el Tribunal de Cuentas que, tras comprobar si las entidades rescatadas habían ingresado alguna cantidad en concepto de penalización en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), comprobó que "existen indicios para afirmar que, al menos entre junio de 2011 y agosto de 2012, dichas entidades no cumplieron con sus obligaciones de no realizar políticas comerciales agresivas".