UGT y CC.OO. exigen la retirada de la Ley de Mutuas porque se ocupa la gestión del dinero pero no de la salud

La secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, María Luisa Rufino, ha justificado el malestar en los sindicatos en que el proyecto "habla continuamente de la prestación económica y no de la salud del trabajador" y "sitúa la gestión privada en una posición predominante frente a la pública".

Y con ello se refiere no sólo a la labor de la Seguridad Social, que podría incluso perder servicios o la gestión de ciertas prestaciones en el futuro dado el cambio de denominación de las mutuas; sino también al Sistema Nacional de Salud, ya que "se permite la privatización de la asistencia sanitaria" y de la gestión de las bajas.

MÁS CONTROL QUE A UN DELINCUENTE

"Los trabajadores ya tienen controles suficientes en la incapacidad temporal, y el control que se va a ejercer a partir de ahora podría calificarse casi de acoso. Ni los delincuentes más peligrosos están sometidos a tanta vigilancia", ha ironizado, apuntando que el endurecimiento del control sobre el absentismo se debe a la presión de la patronal, que es la que abona el salario durante los primeros días de baja.

Por todo ello, UGT rechaza una ley que "prioriza constantemente la gestión económica por encima de la dignidad de las personas". "Lo que sucederá si continúa adelante esta ley será un incremento del gasto sanitario y de la Seguridad Social, y un detrimento de la gestión pública de los servicios. El Gobierno debe frenar esta norma que producirá un perjuicio a los trabajadores, que ya hemos sufrido suficientes recortes como para sufrir uno más", ha concluido la sindicalista.

HACE FALTA MÁS TRANSPARENCIA

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO., Pedro Jesús Linares, por su parte ha destacado como "exigencia social" la necesidad de que el modelo de gestión de prestaciones por parte de las mutuas debe ganar en "transparencia", lo mismo que sus órganos directivos.

Además, ha coincidido con su homóloga de UGT en que "parece que las mutuas se consolidan como censores del Sistema Nacional de Salud" con el control de las bajas desde el primer día y el recorte de plazos de contestación, y ha lamentado que lejos de "eliminar competencias que desde enero de 1996 se les han ido atribuyendo" sin tener nada que ver con su razón de ser original, con esta norma se le atribuyen de facto nuevas competencias.

Linares también ha señalado que el proyecto "no clarifica suficientemente la financiación de las mutuas para prevención", materia en la que ha reclamado un mayor compromiso de la Seguridad Social; aunque ha valorado que se topen las reservas o las retribuciones de los directivos de las mutuas.

Ambos sindicalistas han señalado además la falta de voluntad para negociar el proyecto de ley y han destacado el descontento que ha generado en todos los agentes implicados, ya que ni siquiera se han incluido en el proyecto aspectos acordados por los agentes sociales en los últimos años.

Asimismo, coinciden en que para que los representantes de los trabajadores --incluso de los propios empleados de las mutuas-- entraran a cogestionar estas entidades haría falta arrojar mucha más luz y transparencia sobre estas entidades, modificar la composición actual de las juntas directivas, de que hubiera una mayor seguridad jurídica y de que también estuviera la Seguridad Social.