En concreto, las tres federaciones han criticado el despido de más de 500 trabajadores aplicado durante las pasadas Navidades, así como la gestión llevada a cabo por la actual dirección, a la que acusan de ser la responsable directa del empeoramiento del grupo.
Así, MCA-UGT, FES-UGT y FSP-UGT enviaron la pasada semana una carta a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la que solicitan una reunión para informarles de primera mano sobre la preocupación existente entre los trabajadores de la empresa pública por la situación que atraviesa el grupo tras la aplicación y posterior paralización del ERE, que ha supuesto hasta el momento el despido de 555 trabajadores.
Las federaciones sindicales han denunciado que el plan de ajuste presentado por Tragsa para hacer frente a la mala gestión se centró exclusivamente en la reducción de puestos de trabajo sin que la dirección se aviniera a negociar una salida consensuada y tratar de que la reducción de la plantilla, de ser necesaria, se produjera por medios no traumáticos.
"A pesar de ello, aprovechando las fechas navideñas y la existencia de un Gobierno en funciones, la dirección del Grupo ha procedido a la extinción de los contratos de trabajo, afectando a 555 trabajadores", han recordado en la misiva.
En la carta, subrayan que dado el carácter público de las empresas, la pérdida de unos trabajadores "que constituyen la élite de las distintas profesiones" supone "un severo daño a la capacidad del Estado para afrontar con garantías las necesidades de desarrollo y conservación del medio rural y natural", así como "la reducción de la capacidad de lucha contra los incendios forestales y de movilización ante otro tipo de catástrofes".