En la reforma de la Ley de la Seguridad Social que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en agosto de 2011 (Ley 27/2011) se incluyó una disposición para exigir al Gobierno que, en el plazo de un año, realizara un estudio actuarial sobre los coeficientes reductores y amplificadores de la pensión utilizados en la jubilación anticipada para "evaluar su adaptación a los principios de proporcionalidad y contributividad al sistema".
Dicho análisis debía contemplar además "específicamente" la situación de los trabajadores que fueran mutualistas a 1 de enero de 1967 y que, antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, se hubieran jubilado anticipadamente mediante convenios colectivos, acuerdos colectivos o contratos individuales de prejubilación.
TRES MESES DE RETRASO
Posteriormente, el decreto ley de Mejora de la gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados del Hogar, aprobado por el actual Ejecutivo en diciembre de 2012, retrasó tres meses la aplicación de esta disposición, lo que supone que no debía cumplirse hasta abril de 2014.
"¿Ha realizado el Gobierno el estudio ordenado por la Ley?", pregunta Anchuelo, ante la expiración del plazo fijado normativamente. Asimismo, en caso de que el documento ya se haya realizado, el diputado magenta quiere saber "cuáles son las conclusiones alcanzadas".