De esta forma, Endesa y Acciona se suman a los recursos presentados ya por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), la Asociación de Empresas Productoras de Energías Renovables (APPA), Energía de Galicia (Engasa) y otras empresas eléctricas de menor tamaño.
El canon hidráulico consiste en un gravamen del 22% a la producción en instalaciones hidroeléctricas. El Real Decreto denunciado desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y regula el nuevo canon, aplicado por la "utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica".
La aplicación de este canon aprobado en 2012 y no desarrollado hasta este año permite aliviar en unos 300 millones de euros el déficit de tarifa entre los ejercicios 2013 y 2015. Su aplicación tiene efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2013.
Este gravamen forma parte de los impuestos a la actividad eléctrica aprobados en 2012 para reducir el déficit de tarifa en 2.700 millones. Aparte del canon hidráulico, estos impuestos incluyeron una tasa del 7% a la producción de electricidad, un gravamen para la nuclear y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel.
JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL.
El impuesto hidráulico se aplica con el argumento de que "la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección a fin de salvaguardar uno de los recursos naturales imprescindibles para cualquier actividad humana y necesarios para el desarrollo de la sociedad".
En todo caso, el 2% de lo recaudado será considerado ingreso del organismo de cuenca, al tiempo que el 98% restante se ingresará en el Tesoro y será destinado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a "actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico".
De los PGE, este 98% pasará al sistema eléctrico, ya que la Ley 15/2012, la misma que impone los nuevos impuestos, establece que las cuentas públicas destinarán a la tarifa una cantidad similar a la recaudada a través de los gravámenes.