El director de regulación de Endesa para España y Portugal, Juan José Alba, consideró que la reciente reforma energética tiene algunos elementos positivos, como el mecanismo para controlar el déficit de tarifa, pero también lamento que las propuestas del Gobierno contengan "elementos muy negativos", entre ellos "el establecimiento de una retribución insuficiente para las actividades reguladas".
El directivo aludió especialmente a la "distribución y la generación insular", en las que la retribución "está por debajo del coste de capital y hará muy difícil o imposible la realización de nuevas inversiones", al tiempo que conlleva "injustificados efectos retroactivos".
El directivo también dijo que "no se acaba de resolver el problema de la sobrerretribución de algunas tecnologías renovables" y que "la reforma tiene grandes tintes intervencionistas que entorpecen el libre mercado del sector".
Por su parte, el director de regulación de Iberdrola, Carlos Sallé, consideró que, "en un mercado globalizado en el que hay que atraer capitales, los planteamientos de escasa rentabilidad incluidos en la propuesta de reforma o los elementos de retroactividad que contiene la misma pueden desviar los capitales a otros países con más estabilidad regulatoria que España".
Para Sallé "las partes interesantes que contiene la reforma pueden quedar anuladas por los elementos negativos o por la propia forma en que se ha hecho el proceso de elaboración de las propuestas", en el que apenas ha habido tiempo para la consulta con los participantes en el sector.
El director de regulación eléctrica de Gas Natural Fenosa, Javier Latorre, consideró que la reforma es "integral, de calado y de contenido", pero dijo que tiene aspectos susceptibles de mejora, entre ellos la reducción "injustificada" de los pagos por capacidad a los ciclos combinados o la confusión que plantea entre la tasa de retribución financiera y la rentabilidad razonable entre las distintas actividades reguladas, en especial para la distribución eléctrica.
Por su parte, el responsable de la División de Energía de MAS Consulting, Diego Crescente, advirtió de que "sería un grave error legislar de espaldas a las empresas, asociaciones y el resto de agentes implicados en el sector energético."
Si en algo coinciden todos los actores afectados por la reforma, es en la dificultad de que sus intereses sean entendidos por la Administración, señaló Crescente, quien ejerció de moderador en el encuentro.
"Es evidente que, desde un punto de vista institucional, el Gobierno no puede ir de la mano de las empresas a la hora de reformar estructuralmente la energía en España, pero sería un error de mayores dimensiones legislar de espaldas al sector", afirmó.