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Contador a cero, primer día de negociación de los socialistas con el resto de los grupos que propiciaron que la presidencia del Congreso y la mesa de cámara estén controlados por el bloque progresista. Ahora toca el próximo capítulo: alcanzar un acuerdo que permita la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez. ¿Y? La maquinaria formal ya se ha puesto en marcha ; el rey ha recibido ya a la presidenta del Congreso Francina Armengol y la ronda de consulta con los partidos que tienen representación parlamentaria comenzará la semana que viene, el martes acudirán a Zarzula Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Y los negociadores, los pocos que se han puesto a tiro de los medios de comunicación están...a pedir paciencia y a repetir que la "negociación real comienza ahora", palabras de la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, o aclarar, como ha hecho el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que Junts sigue siendo lo que era y que la investidura no está "ni mas lejos ni asegurada", dicho por boca del presidente catalán Pere Aragonés.
Los nacionalistas catalanes pusieron sobre la mesa el mismo 23J cuales eran sus líneas rojas para darle a Pedro Sánchez los 13 votos (ERC consiguió 7 escaños y Junt 6 ) en un debate de investidura: amnistía y referéndum. Sobre lo segundo los otros nacionalistas, los vascos, que pueden darle al PSOE 11 "síes" (EH-Bildu 6 escaños, PNV 5 escaños) hablan de abrir "caminos que han estado cerrados durante décadas". Sobre lo primero, la amnistía, ERC y Junts lo plantean como algo irrenunciable para comprometer sus votos; la garantía de una ley de amnistía que no solo se permita tramitar "sino que además la tire adelante", ha confirmado Teresa Jordà, la diputada de ERC que ha llevado la negociación de la mes del Congreso. ¿Y eso es posible?
La petición de los nacionalistas catalanes ya se exploró en el Congreso hace dos años y allí se encontró con el "muro legal" de los letrados de la mesa del Congreso y el "muro político" de PSOE, PP y Vox, claro que no eran tan determinantes como lo son en esta legislatura. La mesa de Congreso impidió la tramitación de una iniciativa en este sentido registrada por ERC, Junts y la Cup para beneficiar a todos los procesados y condenados por el proceso independentistas del referéndum del 1 de octubre de 2017. Entre los argumentos jurídicos que recogía el informe se hablaba de evitar "el indulto generalizado que entraría en contradicción palmaria con lo establecido en el artículo 62 de la constitución".
Los socialistas se alinearon con PP y Vox y tumbaron este intento de llevarlo al pleno. Sus socios de Unidas Podemos que sí apoyaban la iniciativa les afearon entonces que ni siquiera quisieran debatirla. Eso pasó en marzo de 2021, dos años parece que las posiciones siguen siendo esas...por ahora. El portavoz parlamentario del PSOE Patxi López, ha aclarado que lo que recoge el pacto alcanzado con Junts y ERC para la mesa es avanzar en la "desjudicialización" del conflicto. Y no, desjudicializar no quiere decir amnistía: desjudicializar es "que sea la política la que resuelva los problemas políticos y no se derive todo a la justicia". El PSOE hasta ahora siempre ha respondido que una amnistía en estos términos está prohibida por la Constitución.
¿Y sus socios? Sumar dice que depende. Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno y quién se ha encargado de muchas de las llamadas con Carles Puigdemont para atar el acuerdo de la presidencia del Congreso, mantiene que hay "ilustres juristas" que ven completamente constitucional lo que piden los partidos independentistas.
Sin mencionarlo expresamente Díaz se refería a las opiniones de juristas como la del exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol, o el constitucionalista Javier Pérez Royo, que defienden que la amnistía tiene pleno encaje en el texto por no tratarse de un indulto general, prohibido por el artículo 62 de la Constitución. "Son instituciones cualitativamente diferentes", defienden.
Se suele decir que la amnistía "borra el delito", esta decisión declara extinguida la responsabilidad penal y todos sus efectos con carácter general. El indulto, sin embargo, "perdona el delito" y debe aplicarse de forma individual y justificada. Fue la figura a la que recurrión el Gobierno de Sánchez para indultar uno a uno a los a los condenados por el Tribunal Supremo por la intentona independentista del 1-0. Solo se ""perdona" de manera parcial sin cuestionar el hecho delictivo y se concede de manera personalizada. Lo que la constitución prohibe es el "perdón general".
La amnistía se sitúa, según los juristas citados, en otro ámbito. Un ámbito político para resolver lo que consideran un problema político, la pulsión independentista de una parte de la sociedad catalana que culminó en el 1-O. La amnistía permitiría a Carles Puigdemont no solo la desaparición de una futura pena de cárcel y de inhabilitación. Y de esta manera no tendría prohibido presentarse a unas elecciones como si tiene actualmente el líder de ERC Oriol Junqueras. En caso de aprobarse no llegaría ni siquiera a ser juzgado.
Seis años después del 1-O los independentistas catalanes cifran 3.500 los "represaliados" por aquella iniciativa entre los que estarían los supuestos "beneficiados" si es que finalmente esto se aprueba El legado judicial de la consulta independentista incluye 50 procesos judiciales. Según la información recogida por el diario Elnacional. cat. hay 44 condenados, 6 exiliados, 56 investigados por el Tribunal de Cuentas, 32 altos cargos de la Generalitat investigados por el referéndum, 18 investigados por la creación y gestión de webs, 24 bomberos investigados, 18 maestros investigados con la causa archivada y 712 alcaldes bajo el punto de mira de la Fiscalía, de los cuales sólo 12 continúan con las causas abiertas y sólo a uno se le ha condenado, al alcalde de Agramunt y exconseller, Bernat Solé.