Esta es la decisión adoptada como medida cautelar por el Juez Central de Menores, José Luis Castro, después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya rechazado su competencia y le haya devuelto el caso, informaron fuentes jurídicas.
Así, Castro, que este jueves se inhibió en favor de Pedraz, ha tenido que celebrar una nueva vista para decidir en qué situación quedaba el joven somalí, que termina la semana como la empezó: internado en un centro de menores y, sin que nadie sepa a ciencia cierta si es mayor o menor de edad.
La decisión de Pedraz, que cree que las pruebas médicas practicadas al pirata no han acreditado suficientemente que sea mayor de 18 años, ha sido recurrida por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que la próxima semana deberá decidir si revoca la resolución del magistrado, como pide el fiscal.
Pero además la Sala de lo Penal tendrá sobre su mesa una "cuestión de conflicto de competencia" que va a plantear el Juez Central de Menores, para que decida quién debe asumir la causa ante la inhibición de ambos juzgados.
De menor a mayor y viceversa
Un galimatías jurídico del que poco parece entender el pirata somalí, que durante su visita esta mañana a la Audiencia Nacional ha dicho que tenía hambre y quería irse a Somalia.
Las dudas sobre la mayoría de edad de "Abdu Willy" han provocado un interminable periplo del joven que en sólo una semana ha comparecido ante cuatro jueces distintos de la Audiencia Nacional, sin que ninguno de ellos haya tomado una decisión definitiva sobre su futuro.
Ya la semana pasada el juez Baltasar Garzón -que sustituía a Pedraz- ordenó el ingreso en prisión del pirata porque las radiografías de la muñeca habían determinado que tenía alrededor de 19 años, si bien supeditó su decisión a practicarle otros exámenes médicos. Y desde entonces, "Abdu Willy", al que se le imputan un delito de asociación ilícita, 36 de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, ha ido de la cárcel al juzgado, del centro de protección de menores al centro de detención, y del hospital a la clínica privada.