El abogado Carlos Rivera dijo que el ex gobernante (1990-2000) no necesitaba "dominar la voluntad del ejecutor" de las matanzas, sino que le "bastaba controlar" los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas para llevar a cabo su política antiterrorista.
"Fujimori asumió una relación de facto de las fuerzas armadas, fue un comandante de verdad. Su decisión política generó un dominio claro y directo sobre el mando militar", explicó.
El letrado agregó que en esta "guerra sucia" contra el terrorismo cumplió "un rol fundamental" Vladimiro Montesinos, el entonces asesor de inteligencia de Fujimori y a quien se le atribuye la creación del grupo Colina, el destacamento militar que ejecutó estos crímenes.
Rivera respaldó la acusación de la Fiscalía, que ha pedido 30 años de prisión para Fujimori por considerarlo el "autor mediato" de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como del secuestro de un periodista y un empresario tras el "autogolpe" de Estado de 1992.
Durante el régimen de Fujimori se cometieron "crímenes masivos, de manera sistemática y a manos de agentes del Estado" en cuatro ciudades del país: Lima, Ayacucho -el epicentro del conflicto armado-, Junín y Huánuco, afirmó.
El abogado precisó que estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos se pueden constatar con las estadísticas sobre desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 1990 y 1993, como métodos de lucha contra la subversión.
Además, explicó que el grupo Colina realizó diez "operaciones especiales de inteligencia" entre el 3 de noviembre de 1991 (matanza de Barrios Altos) y el 19 de julio de 1992 (La Cantuta), en las que murieron o desaparecieron unas 50 personas.
En todas estas operaciones se cumplió con una regla: no hubo detenidos, apuntó.
El próximo lunes se prevé que los abogados de las víctimas culminen sus alegatos para que inicie el suyo el letrado de Fujimori, César Nakazaki.
El ex mandatario tendrá derecho a dar su alegato final antes de la sentencia en primera instancia, que se prevé será dictada a mediados de marzo próximo.
El proceso pasará luego a una segunda y definitiva instancia, ya que los implicados han anunciado que presentarán un recurso de apelación si se sienten afectados.