Mientras que PSOE e IU respaldaron los 33 artículos de la normativa, el PP votó en contra de tres de ellos, ya que defiende que los profesionales puedan acogerse a la objeción de conciencia, el "respeto" a la libertad individual y pide una "clara" regulación de los comités de ética.
La denominada Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte regula la limitación del esfuerzo terapéutico, prohíbe el ensañamiento terapéutico y permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial. También da cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos aunque ello pueda "acortar su vida".
La norma andaluza no hace referencia a la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni al suicidio asistido (ayudar a morir a una persona), delitos recogidos en el Código Penal sobre el que no puede legislar un gobierno autonómico.
Francia, con una legislación muy similar a la española, reconoce el derecho del paciente terminal a rechazar un tratamiento considerado ya inútil y dejar que llegue la muerte, pero no legaliza la eutanasia. Colombia y la provincia argentina de Chubut también tienen normativas similares.