Con este panorama, a Urdangarín sólo le quedan dos opciones. Jugárselo todo a una carta, la de su inocencia, o tratar de buscar un acuerdo, una sentencia de conformidad.
Apostar por defender su inocencia es sumamente arriesgado. En primer lugar, afrontaría un juicio largo y de enorme desgaste no sólo para él, también para la Institución de la que formó parte tras su matrimonio con la Infanta Cristina. Si, además, acabara condenado, la situación, una vez más, no tendría precedentes.
Esta, a día de hoy, es la arriesgada apuesta en la que se encuentra el duque de Palma.
La segunda opción, -la que parece más ventajosa para alguien amenazado con 17 años de cárcel- devolver el dinero y arrepentirse, ha estado y estará abierta hasta el último momento, pero como en las agencias de viajes; el billete se encarece si no lo sacas a tiempo.
Hasta hace muy poco, la Fiscalía ha estado dispuesta a aceptar una rebaja sustancial en su petición de condena; de 17 a 4 años de cárcel si los dos principales acusados hubieran reparado el daño. Es decir, si Torres y Urdangarín hubieran devuelto el dinero supuestamente malversado –seis millones de euros- y hubieran reconocido su participación en los delitos que se les imputa.
En definitiva, aunque en lenguaje no apto para todos los mortales, habrían logrado atenuantes cualificados que habrían bajado hasta dos grados la calificación de sus delitos.
Ya en la recta final de la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción contempla con verdadera dificultad aceptar un arrepentimiento espontáneo y una colaboración con la justicia para aplicar esos “atenuantes cualificados”.
La rebaja de petición de condena parece muy difícil reducirla a cinco años. Más bien, según las fuentes consultadas, entramos en un momento en el que esa devolución del dinero sólo podría ser “premiada” con la rebaja de un grado en cada uno de los delitos que se les imputa y eso, traducido al castellano, es no poder rebajar la petición de cárcel más allá de los siete-ocho años de cárcel.
Que el tiempo corre en contra de los acusados y que ellos lo saben, es un hecho palpable. En el último año y medio, Diego Torres -se enfrentará a 15 años de cárcel- y su ex socio han tanteado a través de sus abogados a la Fiscalía Anticorrupción, pero sus propuestas, especialmente las de Iñaki Urdangarín, han sido rechazadas.
El duque de Palma pretendió, según diversas fuentes consultadas, zanjar el caso exclusivamente con la devolución del dinero. Su “cesión” sólo pasaba por ser considerado beneficiario de la defraudación a título lucrativo. Volvemos a traducir al castellano: “la culpa, si la hay, la tiene otro, yo sólo disfrute un poco del dinero”. Esta figura tan socorrida, por cierto, es la que la Fiscalía contempla para la Infanta, a la que reclamará 600.000 euros de responsabilidad civil.
Delitos, penas y grados
Los delitos a los que se enfrentan Urdangarín y Torres son prácticamente los mismos. Analizados uno a uno, aparece la horquilla en la que se mueven las penas a las que se enfrentan los dos ex dueños del Instituto Noos y hasta donde pueden bajar en caso de aplicar atenuantes.
- Malversación de caudales públicos en concurso con falsedad documental. El fiscal pide ocho años de cárcel, el máximo que contempla el Código Penal. Lo agrava por superar la cifra de 300.000 euros supuestamente malversada a la administración e ir en concurso medial con el delito de falsedad. Este último en base a las facturas falsas empleadas por Noos y sus sociedades pantalla para justificar gastos inexistentes.
Alcanzar un pacto habría significado lograr un atenuante cualificado y la reducción de dos grados a la pena de este delito, que hubiera pasado de 8 a 2 años de cárcel. La situación actual se complica. Bajar únicamente un grado por lo tardío de ese arrepentimiento no permitiría más que bajar un grado y reducir la pena 4 años de cárcel.
-Fraude a la Administración. La Fiscalía pide tres años de cárcel al aplicar el tipo agravado. Lo considera un delito continuado entre los años 2004 y 2006.
Con el hipotético pacto y la reducción de dos grados, el delito bajaría hasta seis meses de cárcel. Bajar un grado solo un grado dejaría el delito en un año de cárcel.
Delito fiscal. Anticorrupción reclama seis años de prisión a Urdangarín por tres delitos fiscales (a Diego Torres le imputa uno menos). Uno de esos delitos, corresponde un fraude en el Impuesto de Sociedades en 2007. los otros dos por tributar con Aizoon sus ingresos privados en 2007 y 2008.
Un atenuante cualificado bajaría entre seis meses y un año la petición de prisión para cada delito, pero conlleva devolver el dinero defraudado y una multa equivalente a seis veces la cuota que dejó de ingresar; más de dos millones de euros, a los que se sumaría los seis millones supuestamente malversados.
Si tan solo se redujera un grado la aplicación del atenuante, la pena de cada delito no bajaría de un año de cárcel.
Prevaricación. Este delito sólo conlleva penas de inhabilitación, pero es considerado uno de los más importantes para arrastrar a los demás en una condena. La confirmación de ese delito pondría de manifiesto que Urdangarín y Torres recibieron los contratos de forma arbitraria con el fin de defraudar a la Administración y apropiarse de sus fondos.