Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha subrayado que con esta norma el Ejecutivo quiere "construir una sociedad que no humille a nadie" y que "no permita que nadie sea humillado".
"Una sociedad donde sentirse seguro y, sobre todo, sentirse amparado por la ley", ha destacado la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad.
El Ejecutivo quiere así "sacar a la luz" los problemas de discriminación de la sociedad española y ofrecer tratamiento político, jurídico y social adecuado a los mismos, tal y como ha señalado Pajín.
La ministra ha afirmado que la ley tiene como objetivo completar el desarrollo del artículo 14 de la Constitución, que reconoce el derecho a no ser discriminado por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión y que ahora también se garantiza el derecho a no serlo por edad, discapacidad, enfermedad o por orientación e identidad sexual.
Asimismo, ha indicado que el anteproyecto incorpora por primera vez todas las definiciones en materia de discriminación que existen en la UE: por asociación, por error, por discriminación múltiple, por acoso discriminatorio, inducción o instrucción y por represalias.
Pajín ha señalado que España con esta ley, que estaba incluida en el programa electoral del PSOE en las pasadas elecciones, se suma a otros países de la UE que ya tienen una legislación específica en esta materia y ha aclarado que no conlleva una reforma del Código Penal.
Ha explicado que la norma permitirá "el disfrute en igualdad de oportunidades de los derechos que reconoce la Constitución".
"Se trata de garantizar derechos, no de crearlos", ha insistido Pajín.
Además, la ministra ha aseverado que el texto supone "un paso más basado en el reconocimiento de la diversidad de la ciudadanía como activo social", así como una apuesta de futuro para la convivencia y cohesión social de España.
"Es un código activo de igualdad, de no discriminación en España para los próximos años", ha insistido Pajín, quien ha opinado que la igualdad de trato no afecta sólo a las minorías sino a "una parte importante de la sociedad".
A juicio de la ministra, esta norma "garantista" tiene en cuenta las circunstancias reales de los ciudadanos y que la lucha contra la discriminación no se construye sólo sobre la base de pertenencia a minorías "sino de rasgos que nos afectan a todos".
El anteproyecto contempla, según explica el Ministerio en un comunicado, un órgano en el que se concentrarán los observatorios existentes hasta ahora encargados de velar por la igualdad de trato y no discriminación y que tendrá carácter estatal.
Para conseguir los objetivos, la norma recoge como principales instrumentos, entre otros, la adopción de una estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación, el mandato a los poderes públicos para la adopción de medidas de acción positiva, así como el reconocimiento de las empresas a realizar acciones de responsabilidad social en este sentido y hacer publicidad de ellas.
En cuanto a las infracciones, éstas se califican como leves, graves o muy graves y que serán sancionadas con multas.
Pajín ha recordado que el anteproyecto aprobado hoy empieza ahora su recorrido y a partir de ahora serán los órganos consultivos y de opinión los que deben prestar las aportaciones al texto.
Así, la ministra ha hecho hincapié en que la intención del Gobierno el que el texto definitivo sea aprobado "con el máximo consenso y la mayor participación posible".