Desde primera hora de la mañana una veintena de mapuches se congregó a las puertas del tribunal de la ciudad chilena de Cañete, a 652 kilómetros al sur de Santiago, donde este lunes se inició, bajo fuerte resguardo policial, el juicio, que podría prolongarse un mes, según fuentes judiciales.
Los comuneros están acusados de robo con intimidación, homicidio frustrado, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación ilícita terrorista tras haber participado presuntamente el 15 de octubre de 2008 en una emboscada que un grupo de encapuchados tendió al fiscal chileno Mario Elgueta y a varios agentes que le acompañaban.
En ella resultaron heridos tres inspectores, dos sargentos y el propio Elgueta, quien recibió perdigonadas en las manos.
Los 17 imputados mantuvieron, junto a otros 21 comuneros, una huelga por más de 70 días en varias cárceles del sur de Chile para exigir al Ejecutivo que no se les aplicara la Ley Antiterrorista y que no fueran sometidos a un doble juicio en tribunales civiles y militares.
Con el fin de terminar la prolongada medida de fuerza, el Gobierno accedió a retirar la invocación de la Ley Antiterrorista en algunos juicios y, además, el Congreso tramita reformas a esa normativa y a la Justicia Militar.
La pasada semana, el Gobierno manifestó, a través del ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que evaluaría la opción de apoyar a la defensa de los comuneros para que el Ministerio Público no invoque la Ley Antiterrorista y sólo los considere delitos simples.
Sin embargo, la Fiscalía decidió mantener en este caso la formalización por delitos terroristas, por lo que los mapuches pueden enfrentarse a penas que oscilan entre 301 días y 102 años de cárcel.
Además, los huelguistas reclamaban que no se utilizara en sus juicios testigos sin rostro.
Esto generó este lunes controversia ya que el principal recurso que utilizará la Fiscalía para demostrar la responsabilidad de los procesados será el testimonio de testigos protegidos, quienes declararán a través de videoconferencia.
La defensa de los mapuches manifestó antes de la sesión su rechazo a esta medida y argumentó que dificultaría que los jueces observen detalles en las declaraciones de los testigos que denoten la veracidad de sus testimonios.
Por su parte, el Ministerio Público acusó a la defensa de filtrar una lista con el nombre de cada uno de los testigos, que incluso, dijo, habían sido amenazados de muerte.
El ex juez chileno Juan Guzmán, que participó en los alegatos de apertura como apoderado de Héctor Llaitul, acusado de planear el ataque contra el fiscal, dijo que por lo general en los tribunales chilenos estos testimonios "sin rostro" son falsos.
"Donde más se miente es en los tribunales" aseguró Guzmán, que fue el primero en procesar en Chile al dictador Augusto Pinochet.
En protesta por el inicio de este juicio, un grupo de encapuchados instaló barricadas y cortó el tránsito durante media hora en la localidad de Ranquilhue, en la región del Biobío, informa el diario La Estrella de Concepción.
Por otra parte, según informa Radio Bío Bío, el fiscal militar de la localidad sureña de Malleco, Rodrigo Vera, propuso condenar a 15 años de cárcel al carabinero Miguel Patricio Jara Muñoz como autor material de la muerte del joven mapuche Jaime Mendoza Collío.
Ahora, un juez castrense de la Corte Militar de la ciudad de Valdivia deberá decidir si acepta esta condena o la reduce.
Jaime Mendoza Collío, de 24 años, falleció el 12 de agosto de 2009 al recibir un disparo por la espalda durante el desalojo de una finca rústica en Angol, a 600 kilómetros de Santiago, que un grupo de mapuches había ocupado al considerar que esas tierras les pertenecen.