El auto estima que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secreto y a su vez de colaboración con banda armada, por lo que "de ser realizados por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España". En este sentido, el tribunal apuesta por "agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen datos para determinar quiénes fueron los autores de la supuesta delación. En la causa están imputados el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, un responsable policial del País Vasco y un inspector de Vitoria.
El Gobierno niega interferencias
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, negó hace unos días que se haya producido alguna interferencia por parte del Gobierno en la instrucción judicial del "caso Faisán", del presunto "chivatazo" que supuestamente alertó a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006.