Los 18 magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo han paralizado de forma cautelar de todas las iniciativas adoptadas por Garzón en el marco de su investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, incluidas la apertura de la veintena de fosas autorizadas por el juez. Esta reunión responde a la petición de la Fiscalía de paralizar la exhumación de las fosas.
El argumento de la Fiscalía, según han señalado fuentes del Ministerio Público, es que mientras la sala de lo penal no se pronuncie sobre si el juez Baltasar Garzón es o no competente para investigar los hechos, no debe practicarse ninguna diligencia que no sea "urgente o inaplazable". La petición de la Fiscalía se produjo después de que el juez Santiago Pedraz -que sustituye a Garzón mientras éste permanece de baja por enfermedad- autorizara la práctica de exhumaciones en seis localizaciones, entre ellas un columbario de la basílica del Valle de los Caídos (Madrid).
Esta convocatoria extraordinaria ha provocado que la sesión del juicio por el presunto desvió de fondos del Ayuntamiento de Marbella, que se está celebrando esta mañana en la sede de la Audiencia Nacional de la Casa de Campo, en el que el principal acusado es el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca y en el que hoy iba a declarar como testigo el ex alcalde de la localidad Julián Muñoz, haya tenido que ser suspendido para que los magistrados puedan asistir al Pleno.
Tras conocerse la medida, Izquierda Unida ha anunciado que emprenderá "acciones judiciales contundentes" contra una decisión que considera se ha tomado "pasando por encima del respeto a las víctimas y a sus familiares". Así lo ha puesto de relieve el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien no ha descartado la interposición de una querella por prevaricación a causa de la iniciativa "precipitada e injustificable" que ha adoptado la Audiencia Nacional.
Además, ha emplazado al Gobierno a que dé explicaciones por la "impresentable" y "deplorable" actuación de la Fiscalía, que ha sido la que ha solicitado al Pleno de la sala de lo penal que paralizase las exhumaciones.
Por su parte, el Partido Popular, a través de su portavoz de Justicia y coordinador de Libertades Públicas, Federico Trillo, ha calificado la decisión de "puro sentido común" y ha dicho que es "un acierto".
CGS