Fuentes jurídicas han informado de que el pleno tiene previsto estudiar el recurso entre hoy y mañana, y, si fuera necesario, habilitaría más días, y han precisado también que el ponente será el magistrado Juan Francisco Martel.
Precisamente, la semana pasada el pleno del Congreso aprobó con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, salvo ERC-IU-ICV y el grupo mixto, la reforma legal que limitará la actuación de la Audiencia Nacional en materia de jurisdicción universal a los casos en los que existan víctimas españolas o en los que los responsables del delito se encuentren en España.
El pasado 29 de enero Andreu imputó al ex ministro de Defensa de Israel Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares de ese país un delito contra la humanidad por un ataque "desproporcionado" en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que murieron el dirigente de Hamás Salah Shehade y catorce civiles -la mayoría niños y bebés- y resultaron heridas otras 150 personas.
Tras recibir la información solicitada al Gobierno de Tel Aviv para averiguar si estos hechos había sido investigados allí, Andreu prosiguió instruyendo el caso ya que de la documentación facilitada se desprendía que no hubo una investigación judicial en aquel país.
Por su parte, el pasado 2 de abril la Fiscalía pidió el archivo provisional de la investigación, al considerar que de esa documentación se entendía que aún se están investigando estos hechos, lo que se traduciría en la falta de competencia de la Justicia española para instruir la causa.
Sin embargo, el magistrado desestimó su petición y el 4 de mayo dictó un auto en el que defendía la competencia de la Audiencia Nacional diciendo que no consta que la Justicia israelí investigara los hechos.
Además, sostenía, que, aunque lo hubiera hecho, de la Convención de Ginebra se desprende la competencia "concurrente" del tribunal español, dada la naturaleza de los delitos investigados (crímenes de guerra).
Dos días después, el Ministerio Público recurrió en apelación la decisión del juez y pidió a la sala de lo penal que la revoque porque, a su juicio, Israel tiene "carácter preferente" para llevar a cabo dicha investigación ya que "está conociendo de los hechos".
Según el recurso del fiscal, en Israel ha habido tres investigaciones: una llevada por el fiscal general militar, otra por el fiscal general del Estado de Israel y una tercera revisión judicial del Tribunal Supremo de aquel país, y cree que todas ellas responden a los "cánones mínimamente exigibles en un Estado de Derecho".
Sin embargo, para Andreu, aunque el caso llegó hasta el Tribunal Supremo israelí, éste se limitó a dar por buena "la decisión de la Fiscalía Militar de no abrir una investigación criminal" sobre los hechos.
"Buena prueba de ello -según el juez- es que los aquí querellantes (la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe), víctimas del 'ataque preventivo', se han visto obligados a acudir a la jurisdicción española para que se proceda a la apertura de una investigación judicial".-
En cambio, el fiscal cree que Andreu hace una "errónea interpretación" sobre la naturaleza de los órganos judiciales, lo que, a su juicio, "obedece a una confusión conceptual" consistente en identificar investigación criminal con investigación realizada por un juez de instrucción, un modelo procesal vigente en España y no en Israel.
Ahora será el pleno de la sala de lo penal quien decida si este tribunal es competente o no para juzgar el ataque de Israel sobre la franja de Gaza en julio de 2002.