La propuesta de multa parte del instructor del expediente disciplinario abierto por estos hechos a Garzón el pasado enero, José Luis López Múniz, presidente de la sección séptima de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
El no haber prorrogado en plazo la prisión preventiva de estos presuntos narcos -lo que obligó a excarcelarles- fue considerado por la Sala de Gobierno una falta leve de incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución, que puede ir desde una advertencia hasta una multa de un máximo de 300 euros.
La Sala de Gobierno hacía así suya la propuesta del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la apertura de este expediente, que la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces acordó era competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de una falta leve.
El CGPJ acordó en octubre que se abriera una investigación por estos hechos tras recibir una queja del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que acusaba a Garzón de negligencia.
Se trata del mismo sindicato al que recientemente el Tribunal Supremo le ha admitido una querella, también contra Garzón, en la que acusa al juez de prevaricar al declararse competente para investigar las desapariciones en la guerra civil y el franquismo.
En el informe que Garzón envió al CGPJ para explica la excarcelación de los dos presuntos narcotraficantes, reconocía que se debía a un error en la identificación de los días de detención y prisión de los dos procesados, Erdem Vardar y Sahin Eren, en las carpetillas que inician las piezas de situación de ambos.
Por ello, la comparecencia para resolver sobre la prórroga de la prisión fue celebrada el 14 de julio, cuatro días fuera de plazo, y tuvo que dejarlos en libertad.
Alegó además que los máximos responsables de la organización continúan en la cárcel y que Vardar y Eren "eran simples porteadores" y que comparecieron en septiembre para poner de manifiesto su voluntad de someterse a la acción de la Justicia.
Sin embargo, el tribunal que juzgará a estos hechos -la sección tercera de la Sala de lo Penal- tuvo que ordenar en febrero la busca y captura de Eren, al haber huido.
Este procedimiento se encuentra en poder del tribunal desde el 8 de octubre de 2008, día en el que Garzón dictó la conclusión del sumario, en el que están procesados Eren, Vardar y otras diez personas detenidas en Huelva y Sevilla en julio de 2006 por formar parte de una organización dedicada al narcotráfico.