El ministerio fiscal pedía para el acusado 15 años de prisión por un delito de homicidio con la circunstancia agravante de parentesco. La Abogacía de la Generalitat, personada en la causa, se adhirió a este requerimiento; mientras que la defensa pidió que la pena no fuera superior a 10 años y que se tuviera en cuenta que tras los hechos, su cliente llamó a la Policía para alertar de lo ocurrido y pedir ayuda.
El tribunal, tras estudiar el caso, ha decidido imponerle 12 años de cárcel por un delito de homicidio con la circunstancia agravante de parentesco y la atenuante de confesión. Sobre este último aspecto, señala que "resulta claro" que el que fuera el acusado quien diera la noticia inmediatamente después de producirse, tanto del crimen como de la autoría del mismo, "hubo de simplificar considerablemente la instrucción o investigación del delito".
Los hechos se remontan al 24 de julio de 2012, en una vivienda de calle Berní y Catalá de Valencia. El acusado --de nacionalidad boliviana y en situación regular en España-- y la víctima mantenían una relación sentimental desde hacía unos tres años. Aquella noche la mató sirviéndose de un arma blanca.
La Audiencia de Valencia entiende que en este caso hay prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al acusado, en base a las pruebas testificales, periciales y científicas expuestas durante el juicio.