La Justicia argentina le acusa de estar relacionada con los crímenes cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina, "Triple A", durante su mandato, en concreto la desaparición de, al menos, diez personas, y de la detención ilegal y torturas contra dos jóvenes argentino. En dos autos, el tribunal que preside Fernando García Nicolás, argumenta que no se han aportado pruebas de que Perón tuviera una participación concreta en alguna de las acciones delictivas que se atribuye a la "Triple A".
'Isabelita', que gobernó Argentina entre 1974 y 1976, fue detenida en su domicilio madrileño el 12 de enero de 2007 por orden del juez Juan del Olmo, después de que la Justicia argentina solicitara su arresto. El magistrado decidió dejarla en libertad provisional con comparecencias quincenales a la espera de la decisión sobre su entrega.
El único hecho que "con alguna concreción" se adjunta en la documentación que aporta la Justicia argentina para solicitar su extradición es una reunión que ella presidió que se celebró el 8 de agosto de 1974 en la residencia oficial. En este encuentro se proyectaron unas diapositivas con la imagen de quienes serían asesinados por supuestas actividades subversivas.
El que Isabelita Perón presidiera esta reunión "no es suficiente para establecer una relación causal" a efectos penales entre los que vieron las diapositivas y quienes decidieron estos asesinatos.
En el caso de que la cooperación que se atribuye a la ex presidenta con la "Triple A" fuera constitutiva de algún delito, "desde luego" no sería de lesa humanidad sino "todo lo más" de asociación ilícita, que, según señala, estaría penado con 12 años de cárcel y que prescribe a los diez años.
Secuestros y desapariciones
La misma argumentación aplica la Sala para denegar la demanda de extradición de la ex presidenta por el secuestro de los jóvenes Héctor Aldo Fagetti, desaparecido en febrero de 1976, y Jorge Valentín Betón, un menor detenido y torturado en las mismas fechas.
En la resolución se detalla que el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas aportado para pedir que sea juzgada en Argentina -se denuncian cerca de 600 secuestros- sirve para acreditar " un número indeterminado" de desapariciones, pero "en ningún caso determinan" la relación de la presidenta con estas acciones.
Al no considerar estos delitos de lesa humanidad y calificarlos el juez argentino de detención ilegal y torturas, la Sala señala que éstos prescriben a los veinte años.