Un tribunal formado por tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco (California) votó a favor de mantener la ley en vigor mientras revisan si viola la libertad de expresión y el debido proceso de los homosexuales que quieran servir en el Ejército, según informó la cadena CNN.
El proceso podría durar semanas o incluso meses, en los que la medida, conocida como "Don't Ask, Don't Tell" (DADT, "No preguntes, no cuentes") y aprobada por el Gobierno de Bill Clinton en 1993, seguirá aplicándose.
La decisión da la razón a la apelación que el Gobierno de Obama presentó a la sentencia de la juez federal Virginia Phillips, que en septiembre declaró la medida inconstitucional por considerar que infringe los derechos fundamentales de los homosexuales.
La sentencia de Phillips provocó que las Fuerzas Armadas se vieran forzadas a admitir por primera vez solicitudes de homosexuales que declaraban abiertamente su orientación sexual, algo prohibido por la ley, al tiempo que el Gobierno trataba de restringir la aplicación de la medida.
La apelación del Departamento de Justicia, presentada el pasado 20 de octubre, subrayaba que dejar de aplicar la medida crearía "una enorme incertidumbre acerca de la situación de los militares que revelen su orientación sexual fiados de ese dictamen".
Además, la agencia indicó que la decisión de la juez podía poner en peligro las vidas de los soldados en un momento crítico para las misiones de combate estadounidenses en el extranjero.
Barack Obama se comprometió a cambiar la medida durante su campaña en 2008, pero su Gobierno mantiene el empeño en suspender la medida desde el Congreso, a pesar del revés que supuso el reciente bloqueo del debate sobre la ley en el Senado.
Los esfuerzos del Gobierno por impedir que se frene la ley han decepcionado a muchas organizaciones que defienden los derechos de los homosexuales, lideradas por el grupo Log Cabin Republicans, que presentó la demanda en 2004 y que cuenta con más de 19.000 miembros.
El pasado 21 de octubre, el tribunal de apelaciones ya resolvió suspender esa decisión, pero entonces estableció un plazo de diez días para que los demandantes presentaran sus alegaciones.
Una vez transcurrido ese periodo, la ley queda oficialmente restaurada.