Según relata el Defensor del Pueblo, la Subdelegación del Gobierno en Alicante recibió la comunicación de que iba a tener lugar una concentración de personas para pedir la dimisión de la entonces alcaldesa y pidió información al Ayuntamiento. El consistorio alegó en un primer momento que la concentración coincidía con el montaje de diversas infraestructuras para una fiesta de Halloween organizada por la propia corporación.
Como alternativa, el organizador de la protesta propuso el traslado de la concentración a otro lugar, pero el Ayuntamiento alegó que coincidía con la poda de los árboles. "La Subdelegación del Gobierno en Alicante acordó entonces prohibir la concentración al estimar que existían razones fundadas de que pudieran producirse alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes", precisa el informe del Defensor del Pueblo, que critica esta decisión de la Subdelegación del Gobierno.
Los hechos sucedieron en octubre 2014 y el Defensor del Pueblo estima que "no se realizó el exigible juicio de proporcionalidad ni se justificó la imposibilidad de adoptar las medidas preventivas necesarias para permitir el efectivo ejercicio del derecho fundamental".
Por ello, la institución que dirige Soledad Becerril formuló a la Subdelegación del Gobierno en Alicante una recomendación para que modificara el criterio seguido. "La recomendación fue aceptada", precisa el informe.