El fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán ha acusado al exconsejero de Turismo Francesc Buils y al exalcalde de Sóller Antoni Arbona, ambos exmilitantes de Unió Mallorquina (UM), de apropiarse de fondos públicos a fin de "conseguir su ascenso político", para lo cual habrían urdido una trama que permitió la creación de dos expedientes de contratación de los que, por un valor total de 15.000 euros, resultó beneficiado el exprimer edil como forma de asegurar su "fidelidad" y el voto de los afiliados que movilizaba.
Así lo ha puesto de manifiesto Subirán mediante un contundente informe, tras anunciar que mantiene su petición de cuatro años y medio de prisión para Buils así como para otro exalto cargo de la Consejería, Antoni Rebassa, mientras que ha reducido su solicitud para el propio Arbona (un año de cárcel), para quien pide que se apliquen las atenuantes de confesión y reparación del daño -consignó los 15.000 euros ante el Juzgado-; y para el exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Oliver (un año y medio), en quien concurre la atenuante de confesión.
Durante la última sesión del primer juicio celebrado en el marco del caso Voltor, que este jueves ha quedado visto para sentencia, el fiscal ha relatado cómo al exalcalde le fue abonada una factura de 3.000 euros en 2007 y fue adjudicatario de un contrato menor de 12.000 euros en 2008 bajo el concepto de asesoramiento en senderismo en la Serra de Tramuntana y materializado en un desplegable que, ha aseverado, "únicamente iba a servir a los negocios de Arbona en Sóller y a sus intereses políticos y los de Buils".
Todo ello por un total de 15.000 euros que, ha proseguido: "¿fueron pagados por el sector? No. ¿Fueron pagados por UM? Tampoco. Lo pagamos todos de nuestro bolsillo: salió de la Comunidad Autónoma". "Llevaré este expediente de contratación hasta el final de mis días, porque no hay por dónde cogerlo", ha llegado a espetar Subirán, perplejo ante el hecho de que "a ojo de buen cubero" se estableciese la cifra de 12.000 euros para la segunda contratación.
Contextualizando los hechos por los que han sido juzgados los cuatro acusados, puesto que de no ser así "no se podrían entender estas nefastas, chapuceras y cochambrosas contrataciones", el representante del Ministerio Público ha recordado que las mismas se materializaron durante una época en la que UM "estaba en decadencia, con luchas internas y facciones distintas, como el sector continuista, al que pertenecía Buils".
Y en es este contexto en el que figuran los comités locales del partido, entre ellos el de Sóller, del que formaba parte Arbona. "Había que ir todos a una, homogeneizar las facciones con un único interés, votar a Buils, y la única persona capaz de liderar este trabajo era Arbona", ha apuntado Subirán, quien ha manifestado que con su "capacidad aglutinadora" y la celebración de varios actos "con carácter de mitin" en sus instalaciones hoteleras "ayudó a la fidelización de los afiliados y a la compra de voluntades políticas".
"DA RISA QUE ARBONA DIJERA QUE ESTABA SATISFECHO CON 15.000 EUROS"
"Buils y Arbona entraron en el Consell Polític de UM, y además el primero resultó ser en 2007 consejero de Turismo", ha señalado el fiscal, quien ha subrayado que ya al frente de este cargo del Govern, Buils "podía dar órdenes para simular contrataciones y apropiarse del dinero público". "Y en este contexto da risa y me parece cómico que Arbona dijera que con 15.000 euros se daba por compensado, cuando la que no se dio por compensada fue la Administración, que no vio ningún trabajo útil a cambio", ha remachado.
Por su parte, la abogada de la Comunidad Autónoma Mari Ángeles Berrocal, quien se ha adherido a las conclusiones definitivas de la Fiscalía, ha subrayado que "lo que ha quedado demostrado es la voluntad de fidelizar a Arbona a través de unos servicios que no son de interés general, por lo que la factura y el contrato menor fueron una manera de darles forma".
Sobre el objeto de ambos y ante argumento esgrimido de que los asesoramientos fueron verbales, la letrada ha aseverado que "ningún ente público puede contratar verbalmente a nadie". Es más, ha manifestado que "ningún contrato administrativo está exento de justificación, sino que lo único que varía es la forma de justificarlo y tramitarlo".
LA ABOGACÍA DE LA COMUNIDAD: "LAS DECISIONES LAS TOMÓ BUILS"
Ya sobre el hecho de que Buils no estuviera al frente de la Consejería cuando se produjo el segundo pago, la abogada ha aseverado que a pesar de que ya hubiera cesado "la decisión la tomó él y se comprometió a pagar a Arbona". De hecho, se ha referido a la celeridad con la que se realizó el pago y al hecho de que al exalcalde "le interesaba aquello tan español de 'qué hay de lo mío', cuando reclamó que se le abonara la cantidad comprometida".
En cuanto al exgerente del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (Imet) y exconcejal de Alaró Antoni Rebassa, quien dictó la aprobación de los gastos, Berrocal ha manifestado su "ignorancia deliberada" cuando el inculpado afirma que actuó siguiendo órdenes. "A esto se le llama ceguera voluntaria, puesto que no se puede ser el jefe de un área y decir que hacía todo lo que se le indicaba. Y más cuando si Rebassa no hubiera firmado la orden de pago, el dinero no habría salido del Inestur", ha reafirmado.