Esta reunión de la comisión mixta se llevará a cabo dos días antes de las juntas de jueces en toda España para decidir si van a la huelga, aunque las asociaciones han convocado para el próximo 18 de febrero actos de protesta y han advertido de que si no se cumplen sus peticiones convocarán una huelga para el 26 de junio.
Las reivindicaciones no se refieren exclusivamente a las condiciones salariales y de trabajo de los jueces, sino que también están dirigidas a que la Administración de Justicia funcione adecuadamente y a "cortar" lo que consideran injerencias de otros poderes, especialmente a raíz del caso de la niña Mari Luz Cortés. En la comisión mixta se hará un balance de todas aquellas materias tratadas en la anterior.
La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha calificado de "sensata" la decisión de las asociaciones de jueces de fijar un plazo de seis meses para que el trabajo del Consejo y del Ministerio "pueda ser visible". "Estamos seguros de que incluso antes de junio van a ver ya el resultado positivo de nuestro trabajo, del Ministerio y de las Comunidades Autónomas", ha concluido.
Sobre la afirmación del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de que debe ser el CGPJ el que fije un criterio jurídico sobre el derecho o no a la huelga de los jueces, ha señalado que eso no le corresponde al Consejo. "Siento discrepar del ministro, pero el CGPJ no es un órgano jurisdiccional", ha asegurado Bravo.
"Será a nuestros tribunales, en caso de que se impugnara o se adoptara algún tipo de medida, a quien corresponda determinar si jurídicamente tienen el derecho que el artículo 28 reconoce a todos los ciudadanos".
5.000 nuevas plazas
El Ministerio de Justicia ha destacado, en un comunicado, su "esfuerzo" para la modernización del servicio público de la Justicia, como lo ponen de manifiesto las 5.943 plazas convocadas de personal al servicio de esta Administración y las creadas para jueces y fiscales, además de los presupuestos destinados a modernización tecnológica.
Justicia ha recordado que el pasado año tomaron posesión de sus respectivos destinos cerca de 5.000 nuevos funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, mientras que se han creado entre 2005 y 2008 1.148 plazas de jueces y fiscales y se prevé para este año la puesta en marcha de 150 nuevos órganos jurisdiccionales y de cien nuevas plazas de fiscales.