El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha afirmado este lunes que se ha cumplido satisfactoriamente con el plazo de la última reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y a día de hoy se han clasificado entre sencillas y complejas la totalidad de las causas que había pendientes de revisar cuando entró en vigor la reforma hace seis meses, que eran un total de 302.132.
Y todo ello a pesar de reconocer que, el pasado 1 de junio el 4 por ciento de la cantidad total de procedimientos, unos 12.000 seguía aún pendiente de ser revisado según los datos aportados por la Fiscalía, que dictó una instrucción para que el análisis se realizara "en bloque".
La clasificación tiene su importancia, pues las causas complejas permiten ampliar hasta al menos los 18 meses el plazo que tienen los jueces para instruir las causas, que de no ser consideradas de este modo se limita a 6 meses. El coste del trabajo realizado ha sido de 1.647.877 euros, ya que ha requerido pagar a 80 fiscales y 117 funcionarios de refuerzo.
Catalá ha realizado esta afirmación en una rueda de prensa en la que, a pesar de serle solicitado reiteradamente por los periodistas, ha reconocido que no puede certificar que el número de causas pendientes de clasificación sea de cero este lunes.
"No me corresponde a mí certificar los datos de actividad que nos han facilitado la Fiscalía ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero mi confianza y mi certeza personal se basa en los profesionales, en los jueces, letrados y fiscales", ha señalado.
Por ello, ha calificado de "inimaginable" que un juez en España que investigue delitos contra la corrupción vaya a dejar que la causa se quede en un armario y se archive por no haberla calificarlo de compleja. "Me parece gravísimo que se diga y no por la descalificación de la ley, sino por descalificación de los profesionales", ha afirmado.
No obstante, a lo largo de su comparecencia el titular de Justicia en funciones no ha podido responder sobre cuántas de los procedimientos se han calificado de complejos -ha mencionado que la Fiscalía habló de un 30 por ciento del total-, y tampoco sobre cuáles de ellos tienen que ver con delitos relacionados con la corrupción.
Ante la insistencia de los informadores por la no oficialidad de los datos y por el hecho de que no sea los profesionales -jueces y fiscales- los que los presenten, sino el Ministeiro, Catalá ha señalado que no pedía un "auto de fe", sino confianza en los profesionales. "Estoy aquí actuando de portavoz ofreciendo unos datos que no son míos -ha llegado a decir-. Debemos tener confianza en los profesionales".
CRÍTICAS INJUSTAS
El ministro ha lamentado que las críticas contra la reforma realizada desde algunos ámbitos no hayan tenido en cuenta que el PSOE hizo un proyecto muy similar con plazos para instruir y que de él no se han dicho cosas como las proferidas contra este proyecto, en el sentido de que iba a propiciar el archivo de causas contra la corrupción.
Este tipo de asuntos según Catalá debe rondar, a falta de datos concretos, en el 0,29 por ciento del total, si bien ha reconocido que esta cifra sale de la última Memoria de la Fiscalía disponible, que se realizó con datos de 2014.
Catalá ha recordado que la reforma está dirigida a avanzar en una justicia más rápida y y que por ello se suprimieron las faltas -que pasaron al ámbito administrativo- y los atestados sin autor conocido no se remiten a los juzgados.
Eran asuntos no trascendentes pero muy voluminosos, según el ministro, que ha subrayado que el hecho de quitar estos asuntos del total es lo que propició que se hablara de 302.000 causas por revisar en vez de las 442.000 que se mencionaron al principio de este proceso. Estas causas sin autor se mantienen en la Policía, que de tener pruebas pueden solicitar la reapertura de la diligencia.
Además, el ministro ha reconocido que la actuación de los fiscales no se ha limitado a una mera clasificación de las causas entre complejas y no complejas, sino que se ha aprovechado para poner al día los procedimientos, pedir nuevas diligencias o archivos etcétera, por lo que la experiencia ha sido muy positiva.
"Y el el dato cuantitativo pone de manifiesto que se ha cubierto un objetivo, que era complejo, lo que sin duda ha requerido esfuerzo por parte de todos", ha insistido el titular de Justicia en funciones.
Por territorios, Catalá ha destacado que en la Audiencia Nacional han sido revisadas las 597 causas que hay pendientes en dicho órgano, y que todas ellas han sido declaradas complejas.
También ha destacado las diferencias existentes entre distintos territorios de España, y así como había provincias que ya habían erminado el trabajo el pasado 1 de junio, como Jaen, en otras como Barcelona en dicha fecha aún quedaban 1.800 causas por revisar. Valencia ha sido de las comunidades con más trabajo, con un total de 27.000 causas que han tenido que ser clasificadas.