Estos dos grupos parlamentarios ya solicitaron la devolución al Gobierno del proyecto de ley con las correspondientes enmiendas a la totalidad, si bien el PP rechazó tanto las suyas como las presentadas por otras cinco formaciones.
De este modo, CiU ha utilizado gran parte de sus 23 enmiendas presentadas para corregir aquellos puntos de la ley que consideran que vulneran sus competencias, garantizadas en su Estatuto de Autonomía.
Por ejemplo, piden añadir una disposición adicional que garantice que no se vulnere la potestad exclusiva de las Comunidades Autónomas "de crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran sus respectivas Administraciones de manera que puedan conformar libremente la estructura orgánica de su aparato administrativo, debiendo el Estado abstenerse de cualquier intervención en éste ámbito".
CONTRA LA LICENCIA ÚNICA DEPORTIVA
Asimismo, CiU también solicita suprimir la posibilidad que establece la norma de fijar una licencia única deportiva porque a su juicio supone una invasión de sus competencias exclusiva en materia de deportes. "No respeta el derecho de los deportistas catalanes a obtener una licencia exclusivamente autonómica, derecho que se recoge en diferentes preceptos del Texto Único de la Ley del Deporte de Catalunya y en el Decreto 58/2010, de las entidades deportivas de Catalunya", defienden.
También el PNV pide corregir el artículo referido a la licencia única deportiva y recuerda que el Partido Popular se comprometió en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso a buscar una solución consensuada con las federaciones autonómicas de acuerdo con las competencias autonómicas.
Del total de 8 enmiendas presentadas por los nacionalistas vacos, destacan las dirigidas a la defensa de las competencias de las comunidades autónomas, ya que consideran que el Ejecutivo "legisla sobre materias para las que carece de habilitación competencial".
De la misma forma, el PNV se opone a la previsión del Gobierno de eliminar los Boletines Oficiales Autonómicos, una medida que considera contraria al principio de descentralización "que rige la actuación de las administraciones públicas".