Cobo señala en su recurso que "es palmario que aún quedan más pruebas que practicar a fin de determinar importes de lo malversado, así como diversas testificales no acordadas hasta la fecha".
El vicealcalde pide a la Justicia que determine cuáles son los usos propios de la función pública encomendada a los asesores de seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior imputados en el caso, "para luego poder definir los usos ajenos, el destino de los caudales públicos que manejaban y la cuantía de lo indebidamente destinado".
El recurso, que ha presentado el letrado del Ayuntamiento, da por hecho que también ha habido un "seguimiento frecuente" al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, y argumenta que tales seguimientos pueden no ser delito, pero que "cuando se hacen empleando medios públicos, fondos públicos y a personas que prestan servicios para una administración pública arrogándoles funciones y competencias que no tienen estamos hablando de otro tema".
Asimismo plantea que "el que impartió esas órdenes (de seguimiento) como autoridad o alto cargo de la Comunidad de Madrid estaba ordenando algo a sabiendas de su ilicitud, pues la contra-vigilancia no corresponde a funcionarios de la Comunidad".
El recurso de Cobo se une al que presentó a principios de semana el Partido Socialista de Madrid (PSM), personado en el caso como acusación particular.
Los socialistas madrileños quieren que declare ante un juez Yolanda Laviana, la ex mujer del que fuera director de Seguridad Sergio Gamón, por considerar que su testimonio es "esencial" para probar que "hubo espionaje" entre políticos del PP y que éste "se pagó del bolsillo de los madrileños".
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha dicho hoy que es "absolutamente normal, lógico y razonable" que Cobo haya recurrido, mientras que el consejero supuestamente responsable del espionaje, Francisco Granados, ha reconocido que el vicealcalde tiene "derecho" a recurrir, pero ha defendido que el "auto es contundente" y que da la "razón" al Gobierno regional.
Entretanto, el grupo parlamentario del PP rechazaba en la Diputación Permanente de la Asamblea la petición del PSOE de convocar un pleno extraordinario para intentar aclarar la reciente dimisión de Sergio Gamón como director del Área de Seguridad y su participación en el supuesto espionaje.
Sergio Gamón presentó hace un mes su dimisión a la presidenta Esperanza Aguirre alegando motivos personales y ésta la aceptó.
Unos días antes, su ex esposa, Yolanda Laviana, concedió una entrevista a "El País" en la que aseguraba que Gamón investigaba desde hace años a Alfredo Prada.
El grupo socialista pretendía celebrar un pleno extraordinario para preguntar a Esperanza Aguirre "las razones por las que ha aceptado la dimisión" de Sergio Gamón y para que el consejero Granados diese cuenta de la "participación" de éste en las actividades de supuesto seguimiento a Prada y Cobo.
Durante el debate en la Diputación Permanente, la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, ha dicho que "nadie se cree" que Sergio Gamón haya dimitido por motivos personales y ha acusado al Gobierno de Aguirre de "mentir" y de "fabricar teorías" sobre las funciones que ejercía este alto cargo, del que ha vuelto a destacar que "cobraba 90.000 euros, un salario superior al del presidente del Gobierno de España".
Los diputados de IU han apoyado la petición del PSOE, mientras que el portavoz del PP, David Pérez, ha replicado que la posición de los socialistas es "ridícula" y "patética", porque "hay un auto que les deja en evidencia".