El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado que aquellas empresas que estén inmersas en el proceso judicial relacionado con el supuesto desvío de fondos de la cooperación internacional dejarán de cobrar la subvención del Consejo valenciano. Además, aquellas que tienen que justificar una subvención anticipada, "con los controles semestrales, van a tener que hacerlo y si no son capaces de demostrarlo, tendrán que devolver ese dinero". "Entendemos que, ante todo, transparencia", ha agregado Fabra.
Fabra se ha expresado de esta manera en la sesión de control en las Cortes en relación a la pregunta formulada por el portavoz de Compromís, Enric Morera, sobre las medidas de ejemplaridad, decoro y recuperación del dinero público "saqueado" que va a adoptar el Consejo valenciano en el caso que investiga la justicia por el supuesto desvío de fondos de cooperación en la época en la que el actual síndic del PP en la Cámara valenciana, Rafael Blasco, era titular de la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía.
"Aquellos que han creído que aquí hay un negocio, se equivocan; el dinero es para las personas que lo necesitan", ha recalcado. Por ello, "la primera que estará persiguiendo a aquellas personas que quieren ver en esto un negocio, va a ser la Generalitat haciendo que devuelvan el dinero que no haya sido destinado a esos usos", ha agregado Fabra.
Por su parte, el síndic de Compromís ha pedido los resultados de la comisión de la Generaliat encargada de revisar los expedientes de cooperación. Asimismo, ha lamentado que el PP esté "bloqueando" que las Cortes apruebe una declaración institucional de apoyo a la diputada de la coalición Mireia Mollà, tras las amenazas vertidas contra ella por parte de implicados en la trama, ya que en una conversación entre un abogado y un empresario encarcelado hablaban, incluso, de "violar" a la parlamentaria.