La decisión del máximo tribunal del país, conocida hoy, fue celebrada por organizaciones ambientalistas, que la consideraron "positiva, prudente y justa".
A finales del mes pasado, el Gobierno argentino había solicitado a la Corte Suprema la paralización del proyecto Ayuí Grande, en la provincia de Corrientes (noreste del país).
La solicitud se realizó con base a un informe elaborado por la Gendarmería Nacional (policía de frontera) que daba cuenta de la proximidad del inicio de las obras de la represa, en un afluente del río Uruguay.
El mes pasado la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) ya había presentado una acción de amparo ante la Justicia para frenar la construcción de la represa hasta tanto se realizaran los estudios de impacto ambiental.
El proyecto consiste en inundar 8.000 hectáreas de tierras situadas a 50 kilómetros de los Esteros del Iberá, un ecosistema protegido y de gran diversidad biológica.
Esa represa, según lo proyectado, se utilizará como reservorio para unas 77.000 hectáreas de tierras destinadas al cultivo de arroz, una iniciativa de las compañías Copra, perteneciente a un directivo del grupo de comunicación Clarín, y de Adecoagro, de Soros.
El Gobierno de Cristina Fernández ha alegado que la provincia de Corrientes no informó adecuadamente al Estado nacional sobre la obra, pese a que desde septiembre de 2008 se le solicitó en tres oportunidades los antecedentes del proyecto.
Además sostiene que Argentina corre "serios riesgos" de incurrir en irresponsabilidades internacionales ante un eventual incumplimiento de Estatuto del río Uruguay, tratado bilateral que reglamenta la administración compartida de ese recurso fluvial.
En agosto pasado, el canciller uruguayo, Luis Almagro, manifestó a Buenos Aires su "preocupación" por la construcción de la represa.
"La decisión de la Corte es predecible, prudente y justa", destacó hoy Aníbal Parera, ex titular de la Fundación Vida Silvestre.
En la misma línea se expresó Emilio Spataro, coordinador de la campaña "Salvemos al Iberá", para quien la resolución judicial permitirá demostrar que la "información presentada por la provincia de Corrientes no es rigurosa ni profunda".
La instalación de una gigantesca papelera de capital finlandés en en territorio uruguayo fronterizo con Argentina desencadenó una controversia diplomática iniciada hace siete años entre ambos países y que fue motivo de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.