Por medio de un comunicado, Llamas ha recalcado que para evitar la "vulneración de derechos fundamentales" como la participación en unas elecciones y el derecho al voto, "el Constitucional tiene la obligación legal de pronunciarse antes del día 18, ya que, de lo contrario, deberíamos preguntarnos quién se responsabilizará de que Sortu no esté presente en los comicios y quién asumirá las consecuencias de ello".
El portavoz de Ezker Batua ha acusado a los socialistas y populares en el País Vasco de querer la ilegalización de Sortu para "extender su pacto a Ayuntamientos y Diputaciones, negando el derecho a voto a una parte de esta sociedad".
Para Serafín Llamas, el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el lehendakari, Patxi López, "tienen la obligación política" de "reconocer el paso dado por la izquierda abertzale" y también de "reivindicar ante su partido el derecho de toda la ciudadanía vasca a poder votar en libertad el próximo 22 de mayo".