La embajada estadounidense diseño en 2007 una minuciosa hoja de ruta que incluía diversas reuniones con altos cargos en los departamentos de Cultura e Industria, así como con los proveedores de acceso a la red y partes interesadas (Telefónica, SGAE, FAP, etc). Los encargados de manejar el proyecto fueron Christopher Wilson, número 2 del comercio exterior, y Dan Glickman, presidente de Motion Pictures Association. Los tres embajadores de la etapa 2004-2010 se entrevistaron con todos los ministros de Cultura de este periodo (Carmen Calvo, César Antonio Molina y Ángeles González Sinde); con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; con el ministro de Industria, Miguel Sebastián; y con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. En la agenda de todos estos encuentros la piratería tuvo su sitio de honor.
La Lista Especial 301 que elabora la oficina de Comercio estadounidense fue el instrumento más claro de presión. En febrero de 2008, el embajador Eduardo Aguirre, emite una nota en la que asegura que España no ha hecho los deberes, que "aparecerá en la lista negra si no hace tres cosas para octubre de 2008", reza el segundo punto del despacho número 142920. "La Embajada reconoce que la falta de progresos españoles en el último año podría justificar colocar a España en la lista negra". Poco después, en abril de 2008, España ingresa en la Lista Especial 301. La presión se redobla a partir de ese momento.
El 29 de julio de 2008, un cable refleja un estudio de la situación llevado a cabo por la Embajada. Detalla la manera de funcionar de siete sitios de descargas españoles, con los que "es fácil obtener material pirateado".
Los cables filtrados por WikiLeaks y que publica este viernes El País reflejan como desde la embajada el año pasado pudieron comprobar cómo se daba un paso en la dirección que consideran adecuada aunque insuficiente (buscaban un plan implementado por Nicolas Sarkozy en Francia). El 27 noviembre de 2009, la polémica ley antidescargas se ponía en marcha dentro de la Ley de Economía Sostenible.
España, en la lista negra
El 27 de noviembre 2009, el Gobierno envía al Congreso la Ley de Economía Sostenible y cuela en el paquete la ley que desencadena la movilización de los colectivos de internautas del país. Manifiestos, manifestaciones, recogidas de firmas, protestas dejan ver que el país no está nada a favor de esta medida.
La creación de una Comisión dependiente del Ministerio de Cultura que permita cerrar páginas sin la intervención de un juez focaliza en diciembre de 2009 la mayor parte de las críticas. Se acusa al Gobierno de querer crear una policía cultural en Internet. González Sinde, entonces, tiene que reunirse con los internautas.
El pasado 17 de noviembre, el Senado instaba al Gobierno a reformar la Ley de Propiedad Intelectual. Mientras, la Disposición final Segunda de la discordia aguarda en el Congreso a las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios. IM