Tanto Rodríguez Galindo como el ex gobernador civil de Guipúzcoa, José Julián Elgorriaga, y los ex guardias, Ángel Vaquero, Felipe Bayo Leal y Enrique Dorado Villalobos acudieron al Tribunal europeo invocando que las sentencias condenatorias del Supremo y la Audiencia Nacional vulneraron los puntos 1, 2 y 3 del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos del Hombre, un extremo que niega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal Supremo condenó en julio de 2001 a Galindo y Elgorriaga a 75 años de cárcel cada uno como responsables del secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, una acción criminal que tuvo lugar en el marco de la guerra sucia desarrollada por los GAL. Por su parte, Vaquero fue condenado a 73 años de prisión mientras que Bayo y Dorado fueron sentenciados a 71 años y ocho meses de cárcel.
Lasa y Zabala desaparecieron en Bayona (Francia) en 1983. Sus cadáveres fueron descubiertos en Bussot (Alicante) dos años más tarde y permanecieron sin identificar hasta 1995 en un depósito de cadáveres.
La sentencia de la Audiencia Nacional, dictada en abril de 1999, se basó principalmente en la declaración prestada por Bayo, quien reconoció haber participado en los asesinatos e inculpó a los otros cuatro condenados.
El Tribunal de Estrasburgo señala de forma preeliminar que el hecho de que estas declaraciones inculpatorias fueran prestadas por uno de los procesados y no por un testigo no es óbice para que puedan llevar a dictar una sentencia condenatoria.
La sentencia dictada hoy destaca, además, que ni Rodríguez Galindo ni ninguno de los otros procesados solicitaron una nueva declaración de Bayo, ni tras el levantamiento del secreto ni en la vista oral.
Los magistrados de Estrasburgo indican también que estas declaraciones inculpatorias fueron correctamente introducidas en la vista oral, ya que las mismas se leyeron íntegramente durante el juicio y Bayo tuvo la oportunidad de hacer matizaciones y explicarse ante el tribunal.
EBP