El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho que se propondrán penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición.
Conde-Pumpido ha dicho que los hechos protagonizados suponen un delito "muy grave" sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.
En opinión del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado las vías legales previstas en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo "premeditado", "concertado" y "colectivo", con un grave daño para los ciudadanos y para España.
En ese mismo sentido se ha pronunciado el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, que entiende que los hechos fueron lo "suficientemente graves" para que puedan ser constitutivos de un delito de sedición aunque no ha hablado de posibles penas de prisión.
Este jueves estaba previsto que los primeros controladores prestaran declaración ante la Fiscalía de Madrid. Sin embargo, los trabajadores se han acogido a su derecho a no declarar puesto que entienden que la competencia corresponde a la jurisdicción militar con motivo del estado de alarma decretado el pasado sábado.
Diligencias en otras comunidades
Además de la de Madrid, otras Fiscalías de otras comunidades autónomas han abierto diligencias para estudiar la posible responsabilidad de los controladores que abandonaron su puesto de trabajo.
Según han informado fuentes fiscales, todas las fiscalías actuarán de forma coordinada en todos los territorios para determinar si los controladores han incurrido en algún tipo de delito.
El sindicato de controladores (USCA) y los responsables de los controladores que se ausentaron de sus puestos fueron denunciados el miércoles por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ante la Audiencia Nacional, aunque fuentes fiscales consideran que este tribunal no es el competente para investigar los hechos.
Las mismas fuentes han explicado que en el momento en el que un juzgado abra diligencias sobre el caos aeroportuario durante el inicio del Puente de la Constitución, la Fiscalía enviará todos los datos que haya recogido. EPF
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